REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

tiva específica y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos preliminar,
I, II, III, IV, V, VII, VIII y X de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre».
Siguiendo esta argumentación la Sala señala que la DA 8ª de la Ley
30/92 había sido modificada por la DA 3ª de la Ley 22/93, y que si bien
esta última no preveía la aplicación a los procedimientos disciplinarios del
Título VI de la Ley 30/92, dentro del cual se ubica el art 92, relativo a la
caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y los
efectos derivados de dicha caducidad, dicha DA 3ª de la Ley 22/93 sí preveía
la aplicación a los procedimientos disciplinarios del Título IV de la
Ley 30/92, rubricado «de la Actividad de las Administraciones Públicas»,
en el cual precisamente se ubica el art 44.2, que tras la redacción efectuada
por la Ley 4/99 de 13 de enero, regula ya de forma expresa la caducidad
de los procedimientos sancionadores cuando la Administración no
resuelve dentro del plazo legalmente establecido, precepto este último que
sí era de aplicación subsidiaria, por tanto, a los procedimientos disciplinarios,
y dicho precepto determina expresamente que la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos
del art 92 de la Ley 30/92.
En definitiva, que tras la Ley 22/93 el contenido de la DA 8ª de la Ley
30/92 ha cambiado, y ya no se establece una exclusión e inaplicación a los
procedimientos disciplinarios de las disposiciones de la Ley 30/92, previéndose
expresamente la aplicación del Título IV de dicho texto legal,
que contiene el vigente art 44.2 que regula de forma expresa la declaración
de caducidad de los procedimientos sancionadores cuando no son resueltos
en el plazo legalmente establecido, precepto que a su vez remite al art
92 de la Ley 30/92, que si bien no es aplicable supletoriamente de forma
directa, sí lo es por vía de remisión a través del art 44.2 de la Ley 30/92.
En esencia, que ya no existe una inaplicación tajante de la regulación de la
caducidad contenida a la Ley 30/92 a los procedimientos disciplinarios, y
que más bien dicha institución sí es aplicable de forma supletoria o subsidiaria
a todos los procedimientos sancionadores en general y a los disciplinarios
en particular, entre ellos los tramitados para dilucidar la responsabilidad
disciplinaria de jueces y magistrados.
b) En segundo lugar señala la Sala que tras la modificación efectuada
por la Ley 4/99 de 13 de enero el instituto de la caducidad ya es aplicable
a los procedimientos sancionadores generales, puesto que así lo señala
expresamente el art 44.2 de la Ley 30/92, y así lo señaló expresamente la
STS 3ª, sección 5ª de 12 de junio de 2003, en la que se reconoce expresamente
que los procedimientos sancionadores están sujetos a caducidad,
aunque, de conformidad con lo señalado en el art 92.3 de la Ley 30/92 la
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