REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

118.1. En ellos se regula la específica discrecionalidad que el Gobierno
tiene reconocida para apreciar las circunstancias de mérito y capacidad
que expresen la mejor aptitud o idoneidad para el desempeño de los
empleos de la categoría de Oficiales Generales».
Por ello, determina el Tribunal Supremo que:» Rige ciertamente en la
potestad administrativa que se viene analizando el mandato constitucional
de interdicción de la arbitrariedad (artículo 9.3 CE). Pero la suficiencia
en cada caso de las razones de interés general que puedan hacer válido el
ejercicio de dicha potestad, desde ese parámetro constitucional que acaba
de recordarse, habrá de ser medida teniendo en cuenta la amplia discrecionalidad
que es inherente a esa función constitucional de dirección política
y administrativa que corresponde al Gobierno.
De esto último derivan otras consecuencias.
«Esas razones de interés general, para descartar su arbitrariedad,
habrán de tener un soporte objetivo, pero podrán consistir en hechos muy
variados y de significación muy diferente.
Podrán estar constituidas por hechos puramente materiales representados
con las necesidades de la defensa.
También podrán ser encarnadas por conductas individuales que justifiquen
razonablemente una discrepancia, por parte del Gobierno, sobre
cuales han de ser las características que ha de presentar esa directa colaboración
que los más altos empleos militares del generalato han de desarrollar
en relación con la alta función constitucional de dirección política
que se viene repitiendo»
Por último precisa el Tribunal Supremo que: «El Real Decreto aquí
impugnado no sólo exteriorizó una potestad discrecional, también produjo
unos efectos limitativos en la carrera profesional del recurrente porque
lo pasó a una situación administrativa diferente a la que se encontraba.
Le era aplicable por ello la exigencia formal de motivación del artículo
54.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
—LRJAP/PAC—.
Ahora bien, esa falta de motivación es determinante de invalidez cuando
en relación a ella haya sido invocado un resultado de indefensión y no
se ha hecho así en el presente proceso.
La denuncia de la falta de motivación no se ha planteado como una
autónoma causa de invalidez por la posible indefensión sufrida, sino como
un exponente de la desviación de poder en que se ha centrado la impugnación
principal y con el fin de poner de manifiesto que el Real Decreto no
expresaba las razones en que apoyaba su decisión de pase a la reserva.
376