REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

González. En efecto, como no parece lógico que la lucha contra el terrorismo
vulnere precisamente los valores que los propios terroristas pretenden
conculcar, la prioridad y orden de tales consideraciones van desde
señalar que los Estados no pueden dejar de respetar el Derecho Internacional,
incluso a costa de su seguridad, hasta conseguir el respeto de los
principios y reglas sobre el uso de la fuerza, el Derecho penal internacional,
el Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional de
los derechos humanos (lo cual hace inaceptables las aproximaciones a la
tortura, especialmente en sede de interrogatorios, las ejecuciones extrajudiciales,
las detenciones sin garantías judiciales, etc…). Y, si al final
hubiera de optarse por buscar alguna suerte de adaptación del derecho
interno e internacional aplicable, se debe tener muy en cuenta entonces
que, en todo caso, lo que no cabe perder de vista es que quienes aplican o
ejecutan el Derecho nunca han de convertirse en árbitros únicos y últimos
del mismo y que las denegaciones de protección jurídica a quienes tienen
derecho a ser protegidos no deberían tener cabida dentro de las respuestas
de los Estados al fenómeno del terrorismo.
El General Consejero Togado y Magistrado del Tribunal Supremo D.
Agustín Corrales Elizondo trata de “La Ocupación bélica”.
Como el propio autor resume en el último párrafo de la Introducción a
su trabajo, la estructura del estudio parte del concepto de ocupación militar
en sentido jurídico, para continuar con el de su regulación desde el prisma
del Derecho Internacional Humanitario y contemplar luego su proyección
normativa en las operaciones de organizaciones internacionales, en
las de mantenimiento de la paz y en las administraciones civiles transitorias.
En este punto, concluye que habrá que estar a cada caso concreto,
toda vez que no puede hablarse de una traslación íntegra de las normas
reguladoras de la ocupación militar en todo caso, aunque sí resultan de
mayor aplicación durante la implementación o búsqueda de la estabilidad.
A continuación, considera la incidencia de los movimientos de resistencia,
de las acciones de combate y de los posibles actos terroristas en territorio
ocupado, así como la confusión entre estos últimos y los actos de resistencia.
Sobre este extremo concluye que, si bien el Protocolo Primero de
1977 constituye un avance en la aplicabilidad de la normativa sobre combatientes
y prisioneros de guerra a los movimientos de resistencia y a los
movimientos organizados de liberación, tal extensión de las normas del
Derecho Internacional Humanitario ha de interpretarse cuidadosamente
para evitar que células de acción o actividad de carácter terrorista pretendan
amparar sus actos ilícitos. Por último, aborda problemas específicos,
como la construcción del muro por Israel en el marco del conflicto pales-
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