REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

I. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN:
ORÍGENES Y EVOLUCIÓN HISTORICA
La afirmación de una responsabilidad patrimonial de los poderes
públicos por los daños ocasionados por sus agentes, pugnaba frontalmente
con la tradición, que a través de una combinación de la «potestas» imperial
romana y de la concepción teocrática del poder del monarca, característica
de la Edad Media, encontró su expresión clásica en el principio formulado
por los juristas ingleses, pero común a todo Occidente, según el
cual «the king can do not wrong» (el rey no puede cometer actos ilícitos) 1 .
En consecuencia, la víctima únicamente podía exigir la responsabilidad
del propio funcionario autor del daño, conforme a las normas generales,
sin perjuicio de que el Estado pudiese compensar a la víctima de forma
graciable, por lo que el clima general era el de absoluta irresponsabilidad
administrativa.
La irresponsabilidad patrimonial del poder perduró en los primeros
tiempos del Estado liberal. Posteriormente, sin embargo, se reconoció la
responsabilidad del Estado frente a los particulares pero basada únicamente
en la defensa de la propiedad privada, mediante el instituto de la
expropiación.
Al igual que otros ordenamientos jurídicos, en el derecho español contrastaba
la relativamente satisfactoria protección formal de las garantías
expropiatorias, con la falta de garantías específicas frente a cualquier otras
actuaciones de las Administraciones Públicas que produjesen daños a los
particulares.
En nuestro ordenamiento, el reconocimiento de una responsabilidad
directa de la Administración por los daños ocasionados a los administrados
en todos los ámbitos de su actuación administrativa, es relativamente
tardío. Hasta la década de los cincuenta del siglo XX, sólo existieron disposiciones
legales específicas que imponían el deber el Estado de indemnizar
los daños imputables a sus servicios. No obstante, el clima general
era el de irresponsabilidad, y ello pese a que, como afirma García de Entería,
y Tomás-Ramón Fernández (Curso de Derecho Administrativo II), el
juego combinado de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil de 1889,
hubieran permitido atribuir responsabilidad al Estado por actos propios,
cuando obraba a través de funcionario, y por hechos de tercero, cuando
obraba por medio de «agente especial», sin embargo, prevaleció la opinión
1 García de Entería y Tomás-Ramón Fernández: «Curso de Derecho Administrativo II».
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