REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

ción [en este caso, por clara influencia del artículo 67.a) RCAP antes
citado]. En cambio, su exigencia esencial está en el artículo 74.1 del proyecto:
«El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado».
— Otros dos puntos muy relevantes (expediente con los respectivos
pliegos, y existencia de crédito suficiente) no están recogidos aquí, sino
en términos muy amplios que resultan de aplicación a todo el sector
público. Así, respecto al primero se establece como contenido mínimo la
«enumeración de los documentos que integran el contrato» —por lo
demás, la función que cumple el expediente es requerida para los contratos
del sector público por el artículo 22 del proyecto: necesidad e idoneidad
del contrato, que deberán determinarse con precisión en la documentación
preparatoria—. Y por lo que hace al crédito presupuestario,
sólo se dice «en su caso», sin que se mencione la fiscalización. Para
encontrar la exigencia de estos requisitos stricto sensu a la Administración
Pública, en todos sus contratos, se ha de acudir al artículo 93 del
proyecto, en sede de preparación. En su apartado 1: «La celebración de
contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa
tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará por el órgano
de contratación motivando la necesidad del contrato en los términos
previstos en el artículo 22 de esta ley». Y en su apartado 3: «Al expediente
se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas particulares
y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato, así como
el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le
sustituya, y la fiscalización previa de la Intervención, en su caso, en los
términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, o en las normas
presupuestarias aplicables a las restantes Administraciones públicas
sujetas a esta ley (...)».
— Finalmente, en cuanto a la formalización del contrato, ésta es también
una exigencia propia de los contratos de la Administración Pública.
Como tal, no se recoge en este artículo 26. Y sí en el artículo 28.2 (de
rúbrica incompleta, pues sólo se refiere al «carácter formal de la contratación
del sector público») y en el artículo 140 del proyecto, en sede de adjudicación.
B) Otro grupo de cuestiones interesantes son las que giran en torno al
precio del contrato. Se ha destacado mucho, como novedad, lo relativo a
la posibilidad de precios provisionales en los términos del artículo 75.5 del
proyecto y la regulación de la revisión de precios (artículos 75.3 y 77 a 82
del proyecto). Nos gustaría detenernos en dos asuntos que significan bien
lo dicho sobre la permanencia de ciertas normas —Derecho vigente efec-
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