REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

EXTENSIÓN DE EFECTOS. CABO PRIMERO QUE REALIZA FUNCIONES DE
SUBOFICIAL. EQUIPARACIÓN A EFECTOS ASISTENCIALES, RECREATIVOS Y
CULTURALES.
STS, Sección Séptima, de 25 de octubre de 2006, recurso de casación
4512/2004.
El Abogado del Estado interpuso recurso de casación contra los Autos de
fechas 4 de febrero de 2004 y 17 de marzo de 2004 de extensión de efectos
de la sentencia de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de octubre de 2000.
El Tribunal Supremo determina que: «aunque el Fallo de la sentencia
de 16 de octubre de 2.000 se limita a anular la resolución recurrida sin
expresar reconocimiento de situación jurídica alguna a favor del allí recurrente,
tal omisión no puede entenderse como una denegación de la pretensión
que el recurrente formalizó en su demanda y que la sentencia efectivamente
reconoce, tal y como se deduce de su argumentación jurídica.
No sólo eso, la propia resolución del Ministerio de Defensa que denegó la
extensión de efectos solicitada por don Ismael admite expresamente que la
sentencia estimatoria de 16 de octubre de 2.000, reconoce una situación
jurídica individualizada al allí recurrente, en concreto, la consideración
social de Suboficial a efectos de acceder a la asistencia social y recreativa
que corresponde a aquéllos, circunstancia además, que no cuestionó el
Abogado del Estado ante la Sala de instancia».
En cuanto a la interpretación que ha de hacerse del artículo 110
LRJCA, el Alto Tribunal dice que: «el artículo 110 de la Ley 29/1998 establece,
respecto de las cuestiones de personal al servicio de la Administración
Pública, la extensión de los efectos de una sentencia firme que hubiera
reconocido una situación jurídica individualizada cuando concurra
como primera circunstancia que los interesados se encuentren en idéntica
situación jurídica que los favorecidos en el fallo, teniendo en cuenta que
la disposición transitoria cuarta de la Ley 29/1998 establece que la ejecución
de las sentencias firmes dictadas después de la entrada en vigor de
dicha Ley se llevarán a cabo según lo dispuesto en ella.
Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer
una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme,
pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma de
entender la ejecución de la sentencia, ya que no se trata de una extensión
automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio
de seguridad jurídica.
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