REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

perativa para que efectuase el pago del 25 por ciento del precio de la parcela
como requisito previo a la tramitación del expediente. Ante ello la
entidad mencionada presentó aval bancario por el importe correspondiente,
que fue rechazado por la Gerencia de Infraestructuras en 28 de
mayo de 1996, indicando que el pago debía hacerse en efectivo. Al
mismo tiempo, por la resolución citada se otorgó un plazo suplementario
de quince días para que se efectuase el pago (a pesar de que el plazo
de que se disponía inicialmente era improrrogable), declarando que si no
hacía efectiva en ese plazo la cantidad correspondiente la cooperativa
quedaría decaída de su derecho a la opción de compra. Es de notar además
que en su momento se había solicitado la interrupción del plazo inicial,
lo que fue inadmitido.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso de
la mercantil con base a estos argumentos, que han sido confirmados por el
Tribunal Supremo:
«El Tribunal a quo rechaza las alegaciones en las que se intenta fundar
la pretensión. Así la primera de ellas consiste en que, toda vez que la
Administración devolvió un aval presentado porque el tanto por ciento del
precio debía abonarse en efectivo y el acto se recurrió en vía judicial,
debió suspenderse la tramitación del expediente, ya que el articulo 16 de
la Ley de Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto
1022/1964, de 15 de abril, prohíbe la venta de los bienes en litigio. Esta
alegación se rechaza por entender que, a más de que el procedimiento
judicial había finalizado ya con Sentencia desestimatoria, la prohibición
se refiere a los supuestos en que exista un litigio sobre la propiedad del
bien, lo que no es el caso.
Tampoco se acoge la segunda alegación según la cual no estaba claro
el impreso que había que cumplimentar al hacer efectivo el pago, pues los
actos posteriores de la Administración de la Defensa dejaron bien claro
cual era la obligación; y desde luego se rechaza también la tercera alegación
en la que se expone que entre los miembros de la cooperativa, que son
numerosos, existían desconfianzas y dudas sobre la venta. Se considera
que esta no es suficiente argumentación en derecho, pues no es razón para
incumplir la obligación de llevar a cabo el depósito, y debe partirse de que
se supone la solvencia de la Administración.
Se concluye, por tanto, que no existió la indefensión que se alega, que
los actos administrativos impugnados son conformes a derecho, y que no
cabe hablar de daños y perjuicios cuando lo que se ha producido en realidad
es el incumplimiento por la cooperativa actora de un requisito que
según la legislación vigente es previo a la compraventa.»
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