REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

2.6.1. La autorización judicial del artículo 91.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial
El lanzamiento de los ocupantes de la vivienda, acordada con ocasión
de un desahucio administrativo, será efectuado por la propia Administración
al amparo de la citada autotutela ejecutiva, cuyo reconocimiento ha
sido declarado, de forma reiterada, por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo. Ahora bien, habida cuenta que la
ejecución del lanzamiento implica la entrada en el domicilio del interesado,
la Administración deberá obtener, con carácter previo, siempre que no
medie consentimiento del afectado, la preceptiva autorización judicial, que
corresponderá, en todo caso, al Juez de lo Contencioso-Administrativo,
conforme preceptúa el artículo 91.2 de la LOPJ (antiguo artículo 87.2 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, que atribuía la competencia a los Jueces
de Instrucción).
La primera cuestión que suscita esta autorización, consiste en determinar
que función debe desempeñar el Juez de lo Contencioso-Administrativo
en cumplimiento de lo establecido en el mencionado art. 91.2 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional
se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre este tema, encomendando
al Juez de lo Contencioso-Administrativo, (de Instrucción, en
su momento) la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad del
domicilio frente a la ejecución de los actos administrativos. Así, dicha
autorización judicial se constituye como una garantía del derecho fundamental
a la inviolabilidad del domicilio y, en consecuencia, lo único que
ha de asegurar es que requiere efectivamente la entrada en él, la ejecución
de un acto que prima facie parece dictado por autoridad competente en el
ejercicio de facultades propias, garantizando al tiempo que esa irrupción
en el ámbito de la intimidad se produzca sin más limitaciones de ésta (o de
otros derechos fundamentales de los ocupantes) que aquellas que sean
estrictamente indispensables para ejecutar la resolución administrativa
(SS.TC 144/1987 y 76/1992).
Por tanto, el órgano judicial, como garante del derecho a la inviolabilidad
del domicilio, debe limitarse, con anterioridad a autorizar la entrada,
a apreciar si el acto administrativo presenta una apariencia externa de legalidad,
evitando así autorizar de forma mecánica. La función de control previo
para determinar esa apariencia de legitimidad del acto administrativo
consiste, básicamente, en comprobar que tal acto existe y que la Administración
no ha incurrido en vía de hecho. El Juez de lo Contencioso-Administrativo
deberá, en consecuencia, efectuar una comprobación sobre si el
254