REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

dándole la redacción actual (en la que se prevé la duración inicial del procedimiento
disciplinario judicial de 6 meses), quiso excluir expresamente
el instituto de la caducidad de dichos procedimientos disciplinarios, como
lo demostraría el hecho de que no puso a tales procedimientos un límite
temporal absoluto, y previó su prórroga sine die cuando hay circunstancias
que impidan su conclusión. Es decir, que la LOPJ carece de laguna en
materia de caducidad que deba ser suplida acudiendo a la Ley 30/92, sino
que dicha exclusión fue conscientemente querida por el legislador el cual
precisamente previó que el único efecto de la paralización del procedimiento
durante 6 meses por causa no imputable al expedientado es la reanudación
del plazo de prescripción de la falta, el cual quedó interrumpido
desde la fecha de notificación al expedientado del acuerdo de incoación
del procedimiento.
f) Además para los magistrados discrepantes el art 142.1 LOPJ no
puede justificar la aplicación supletoria del art 44.2 de la Ley 30/92, puesto
que aquel precepto sólo permite la aplicación supletoria de las disposiciones
de la Ley 30/92 en materia de procedimiento y recursos «...en cuanto
sean aplicables», estimando dichos magistrados que si la propia Ley
30/92 da preferencia a la regulación específica de los procedimientos disciplinarios
sobre las disposiciones de la Ley 30/92, y si la regulación de
tales procedimientos disciplinarios ya consta en otras normas (y además es
completa) no entran en juego las disposiciones de la Ley 30/92 a título
supletorio.
g) Para estos magistrados discrepantes el sentido más lógico del art
425.6 LOPJ es que el plazo de 6 meses, no obstante afectar literalmente a
la «duración del procedimiento» en general, debe entenderse referido sólo
a la actuación del instructor, pues es sólo él el que debe dar cuenta cada 10
días del «estado de tramitación», dación a la que se anuda la posibilidad
abierta de prolongar aquel plazo, por razones excepcionales, más allá de 6
meses, y si a esto se añade que una vez que el Instructor ha redactado la
propuesta de resolución y ha elevado el expediente a la autoridad competente,
deja de tenerlo controlado, y de saber si el procedimiento se demora
y extiende más allá del plazo establecido, y si ello es por causas justificadas
o anómalas, y además incluso recibido el expediente por la autoridad
competente es posible que el mismo sea devuelto al instructor para
subsanar defectos, realizar nuevas diligencias o modificar los hechos o las
calificaciones, lo que justificaría la ampliación o suspensión del plazo de
6 meses previsto en la LOPJ (de manera análoga a lo que se prevé en otros
procedimientos sancionadores, a los que se ha excluido expresamente de
su sometimiento al régimen de la caducidad), circunstancias todas ellas
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