REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

nen a la doctrina mayoritaria, considerando que el instituto de la caducidad
no era aplicable al procedimiento disciplinario judicial.
Los argumentos de estos magistrados para estimar que la caducidad no
resulta de aplicación pueden resumirse en los siguientes:
a) que como ya había señalado con anterioridad la propia jurisprudencia
de la Sala 3ª del TS la caducidad no está expresamente contemplada en
el art 425.6 LOPJ como efecto o consecuencia del exceso en el plazo de
tramitación del procedimiento disciplinario (6 meses), y si además se
prevé que, por causas justificadas, puede excederse ese plazo, es obvio que
no nos encontramos ante un plazo preclusivo de caducidad.
b) la propia jurisprudencia de la Sala 3ª hacía referencia asimismo a las
normas generales aplicables a los procedimientos administrativos, y así
señalaban que en general la inactividad de la Administración no producía
por sí misma la caducidad del expediente y daba lugar sólo a la posible responsabilidad
disciplinaria del funcionario causante de la demora, y en este
sentido el vigente art 63.3 de la Ley 30/92 señala como regla general que
la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido
para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la
naturaleza del término o plazo.
Por otro lado, si bien la propia jurisprudencia contencioso-administrativa
ha reconocido, a la vista del art 44.2 de la Ley 30/92 tras la modificación
por la Ley 4/99, que en los procedimientos sancionadores en general
el exceso del plazo previsto para su tramitación, resolución y notificación
tiene un efecto extintivo del procedimiento por su caducidad, de modo que
la resolución sancionadora dictada sobrepasado el plazo de caducidad no
es válida, es lo cierto que la declaración de invalidez, por su sola extemporaneidad,
de los actos administrativos dictados fuera del tiempo establecido
para ello tiene en los procedimientos sancionadores un matiz que
relativiza mucho su importancia, como lo es el hecho de que la caducidad
no produce por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración,
y además como ya señaló la STS 3ª de 11 de agosto de 2003 (en la que se
fijó doctrina legal) la invalidez de los procedimientos caducados no impide,
salvo en los supuestos de prescripción ya consumada, la reapertura y
ulterior desarrollo duplicado para acabar, eventualmente, en la misma sanción
originaria.
c) incluso después de la modificación de la Ley 30/92 por la Ley 4/99,
con la que se estableció la caducidad de los procedimientos sancionadores,
la propia jurisprudencia de la Sala 3ª del TS consideró inaplicables a los
procedimientos disciplinarios judiciales las normas generales sobre el procedimiento
administrativo ante la existencia de un régimen legal específi-
280