REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

de las Comunidades Europeas y de la postura, más restrictiva, de la Comisión
europea. El primero admitió el juego de estas características como «criterios
adicionales» (STJCE de 21 de septiembre de 1988, Gebroeders Beentjes,
31/87 y STJCE de 26 de septiembre de 2000, Comisión contra República
Francesa [Construcción de edificios escolares en la región Nord-Pas-de-
Calais], que entendió que los poderes adjudicadores podían basarse en una
condición vinculada a la lucha contra el desempleo, siempre que ésta se atuviese
a todos los principios fundamentales del Derecho comunitario y que los
poderes adjudicadores tuvieran ante sí dos o más ofertas económicamente
equivalentes). En la sentencia de 17 de septiembre de 2002, Concordia Bus
Finland, asunto C-513/99 —por referencia únicamente a condiciones medioambientales—,
admitió el uso de estos criterios para determinar la oferta económicamente
más ventajosa «siempre que tales criterios estén relacionados
con el objeto del contrato, no atribuyan a dicha entidad una libertad incondicional
de elección, se mencionen expresamente en el pliego de condiciones o
en el anuncio de licitación y respeten todos los principios fundamentales del
Derecho comunitario y, en particular, el principio de no discriminación».
Por su parte, la Comisión, si bien admite ciertos criterios —en lo
social, «aquellos que permitan evaluar, por ejemplo, la calidad de un servicio
destinado a personas desfavorecidas, (...), dado que contribuyen a
seleccionar la oferta económicamente más ventajosa a tenor de lo previsto
en las directivas»—, considera con carácter general que todos estos criterios
«deben referirse a la naturaleza de la prestación objeto del contrato
o a sus condiciones de ejecución. Su finalidad es permitir a los poderes
adjudicadores comparar las ofertas de manera objetiva, a fin de determinar
la que mejor responde a sus necesidades en el marco de un contrato
dado. Todo criterio de adjudicación ha de permitir valorar las cualidades
intrínsecas de un producto o servicio» (punto 1.4.1 de la Comunicación
interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos
públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos
contratos, de 15 de octubre de 2001; en términos similares, Comunicación
interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos
públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales
en la contratación pública, de 4 de julio de 2001, punto 3.1) 19 .
19 Todo este entendimiento del Derecho comunitario había influido ya en nuestro
Derecho interno en alguna legislación autonómica (Decreto del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid 128/2005, de 15 de diciembre, que deroga parcialmente determinadas
medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la
estabilidad y calidad en el empleo).
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