REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

3 de noviembre de 1988 y 3 de octubre de 1994, y Dictamen del Consejo
de Estado núm. 262/02, de 24 de febrero de 2002).
Según tiene declarado el Tribunal Supremo hay caso fortuito cuando
hay indeterminación en la falta del servicio causante del hecho dañoso, e
interioridad en la relación con la organización en cuyo seno se produjo el
daño, o cuando es imputable al «conjunto de posibles deficiencias asistenciales»
y ello por que está directamente conectado con el funcionamiento
mismo del servicio (Sentencias del tribunal supremo de 11 de diciembre
de 1974, 16 de diciembre de 1987, 31 de mayo de 1999, 17 de mayo de
2002). En cualquier caso, será responsable la administración sanitaria
siempre que racionalmente pueda afirmarse que el origen del daño surge,
en contraposición a la fuerza mayor, por caso fortuito, bastando con que
haya apariencia de tal, o, en palabras de DE AHUMADA 28 , que haya «certidumbre
racional».
C) EXISTENCIA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LA
LESIÓN Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO SANI-
TARIO:
En íntima conexión con el requisito anterior la doctrina y la jurisprudencia
exigen, para que surja el deber de resarcimiento de la Administración,
que entre el daño producido y el funcionamiento normal o anormal
de un servicio público exista una relación de causalidad.
En este sentido ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 5
de junio de 1998, que «no es acorde con el principio de responsabilidad
patrimonial objetiva, su generalización más allá del principio de causalidad,
aún de forma mediata, indirecta o concurrente».
En este mismo sentido el Consejo de Estado ha advertido que «el
hecho de que la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria
sea objetiva no implica que deba responderse de todos lo daños derivadas
de la actuación prestada en centro sanitarios públicos, sino aquellos
en los que concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos
en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común» (Dictamen núm. 2676/01, de 14 de septiembre de 2001).
En términos parecidos, los Dictámenes núms.. 16/01, de 8 de febrero de
2001; 2032/01, de 26 de julio de 2001; 961/01, de 12 de julio de 2001;
28 De Ahumada Ramos, F.J. «La responsabilidad patrimonial delas Administraciones
Públicas», Edit. Aranzadi.
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