REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

los 12 meses (así art 69 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre de medidas
fiscales, administrativas y del orden social al modificar el anexo 1 de la
DA 29ª de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre de medidas fiscales, administrativas
y del orden social).
Por otro lado debemos señalar que en principio no vemos inconveniente
en que en la propia LORDFAS o LORDGC se prevea expresamente
la caducidad de los procedimientos disciplinarios regulados en ellas, si
bien siempre y cuando se amplíen los plazos de tramitación actualmente
previstos, pero en tanto en cuanto ello no se produzca consideramos que a
los procedimientos disciplinarios militares no les es de aplicación el instituto
de la caducidad previsto en el art 44.2 de la Ley 30/92, precisamente
en razón de los argumentos expuestos por los magistrados discrepantes de
la opinión mayoritaria y expuestos en su voto particular de la sentencia que
comentamos.
En esta línea de pensamiento conviene destacar que tanto la opinión
mayoritaria como la opinión de los magistrados discrepantes de la misma
dejan claro que los regímenes disciplinarios específicamente previstos son
siempre de aplicación preferente a las disposiciones de la Ley 30/92, y que
si esa regulación específica se opone a la aplicación del instituto de la
caducidad previsto en la Ley 30/92, ésta no resultará aplicable al procedimiento
disciplinario en cuestión.
Pues bien, esto es lo que, a nuestro juicio, sucede en los procedimientos
disciplinarios militares, puesto que estimamos que tanto la LORDFAS
como la LORDGC han regulado unos regímenes disciplinarios militares
específicos a los que han querido sustraer de la regulación general de la
Ley 30/92 y específicamente de su régimen de caducidad.
Es cierto que la LORDFAS (y de forma indirecta la LORDGC por
su remisión a aquélla) establece expresamente la supletoriedad de la
Ley 30/92 en las cuestiones de procedimiento y recursos (DF 1ª), pero
ello no implica necesariamente que deban aplicarse de forma supletoria
todos los preceptos de la Ley 30/92, sino aquéllos que resulten necesarios
para completar la regulación de dichas Leyes Disciplinarias, y
siempre y cuando no contradigan la regulación contenida en éstas. Por
ello estimamos que la caducidad prevista en la Ley 30/92 (en su art
44.2) no es de aplicación a los procedimientos disciplinarios militares,
porque éstos tienen una regulación específica, que es completa en esta
materia de la duración de los procedimientos, y porque la regulación de
la caducidad prevista en dicha Ley 30/92 contradice y no parece conciliarse
bien con la regulación contenida en ambas normas disciplinarias.
Prueba de ello sería:
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