REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

se plantea la necesidad de dilucidar si la sentencia desestimatoria de un
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra un acto o resolución
administrativa que acuerde el desalojo de una vivienda, debe ser considerado
como título suficiente para entrar en el domicilio o si, por el contrario,
será preceptiva una nueva resolución judicial que lo autorice, en cumplimiento
precisamente de lo dispuesto en el citado artículo 91.2 de la
L.O.P.J.
La problemática surge a raíz del cambio de criterio que ha venido sosteniendo
la doctrina del Tribunal Constitucional. En principio, partiendo
de un planteamiento rígido, la STC 22/1984, de 17 de febrero, tras proclamar
la constitucionalidad de la autotutela ejecutiva de la Administración,
establecía que la resolución judicial o administrativa que ordena una ejecución
que sólo puede llevarse a cabo ingresando en un domicilio privado,
por sí solas no conllevan el mandato y la autorización de ingreso, de manera
que, ante la negativa del titular, es necesaria una nueva resolución judicial
que autorice la entrada y las actividades que, una vez dentro del domicilio,
puedan ser realizadas.
No obstante, esta interpretación que, en principio, parecía la más acorde
con lo expuesto hasta el momento, respondía a un planteamiento excesivamente
simplificado de la cuestión, al aplicarse el derogado artículo
87.2 de la L.O.P.J. (en la actualidad artículo 91.2), en sus términos más
estrictos.
Posteriormente, la propia doctrina del Tribunal Constitucional, abandonó
su postura inicial de exigir una segunda resolución judicial que autorizara
la entrada en el domicilio además de la que era objeto de ejecución,
de tal suerte que, una vez firme la Sentencia desestimatoria del recurso
contencioso-administrativo, nos encontramos ante un mandato judicial
cuyo incumplimiento por la Administración vulneraría el derecho a la tutela
judicial efectiva contemplado en el artículo 24.1 de la Constitución. Así,
la STC 160/1991, de 18 de julio, establece que en este caso no estamos
ante una actividad de la Administración de ejecución forzosa de sus propios
actos, amparada por el privilegio de la autotutela administrativa, sino
ante la ejecución de resoluciones judiciales firmes que autorizan a la
Administración a desalojar viviendas. Se trata, por tanto, de ejecución de
sentencias -no de actos administrativos— que en principio corresponde al
órgano que hubiere dictado el acto o disposición objeto del recurso,
debiendo interpretarse esta competencia, no como la atribución de una
potestad, sino como la concreción del deber de cumplir lo decidido en las
sentencias. Añade la citada Sentencia, en su Fundamento de Derecho
Noveno, que una vez recaída una resolución judicial que adquiera firmeza
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