Escritos de Saúde Coletiva

escritos de saúde coletiva
Mientras que la principal causa de las acciones judiciales ha sido la ausencia o la escasez de la
atención a la salud individual – de la asistencia médica y farmacéutica en especial – con base en el
concepto de atención integral, abogan algunos que la existencia de un marco legal más preciso,
que definiera el catálogo de prestaciones que constituyen la obligación del estado y diera, materialmente,
forma a esa integralidad, limitaría las pretensiones de los demandantes y la actuación
del Judiciario.
En esta dirección, fue aprobada recientemente por el Congreso Nacional y sancionada por el
Presidente una ley que trata de la asistencia terapéutica y de la incorporación de nuevas tecnologías
en el ámbito del SUS. La gran esperanza de los gestores – reos de innumerables acciones
judiciales – está en que esa nueva regla pueda delimitar el derecho, el acceso o la extensión de la
asistencia a ser impartida en el ámbito del SUS.
En vista de la tendencia descrita, esa nueva regla jurídica muy probablemente no ocasionará
el efecto deseado para reducir el número y el objeto de las demandas legales contra el sistema
de salud.
Conclusión
La reforma sanitaria insculpida en el texto constitucional de 1988 hizo del sistema público
de salud brasileño uno de los más importantes sistemas públicos para la protección social y, en
cuanto política de estado, uno de los avances más significativos del proceso civilizatorio y de realización
de los derechos sociales – entre los cuales, el derecho a la salud.
De la constitucionalización de este derecho, resultó una alargada producción de normas jurídicas
infra-constitucionales dirigidas a su protección y destinada al tratamiento jurídico de la
cuestión. Ellas jugaran un papel relevante, pero no siempre decisivo para su concretización.
En su dimensión política, eso es, el papel de las políticas sociales y económicas que permitan
modos de vida más humanos a más largos segmentos poblacionales y visen la reducción del
riesgo de enfermedades, la extensa producción normativa, legal e Infra-legal, en materia de salud
elaborada después de 1988 tuvo importancia marginal, una vez que aquellas políticas se formulan
en otros campos de actuación del gobierno.
En lo que se refiere al acceso a acciones y servicios – por cierto, una de las más significativas
dimensiones de la concretización del derecho a la salud – aquella producción fue esencial para
la construcción de un sistema público de altísima productividad y la ampliación de la población
asistida. Sin embargo, depende, hoy, menos de leyes y más de la capacidad del Ejecutivo para
organizar, financiar y funcionar un sistema de salud eficiente y de acceso universal.
En lo que respecta proveer sustrato normativo a la tutela jurídica de este derecho, la producción
normativa en materia de salud no ha sido relevante, una vez que las decisiones de nuestras
cortes, cuando juzgan las acciones de ciudadanos contra el estado exigiendo la prestación de la
asistencia que necesitan, se sustentan mucho más en los principios constitucionales que en la
legislación o en la política positivada.
Brasília, 14 de janeiro de 2017
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