COLECCION ESCUELA DIPLOMATICA_NUM 18

CAPÍTULO 4 > NUEVAS TENDENCIAS. LA DIPLOMACIA DE LOS CIUDADANOS
pueden querer emprender una acción diplomática.
En primer lugar, para defender la seguridad
de los ciudadanos, entendiendo ‘seguridad’ en
su sentido más amplio. Las ciudades pueden
querer intervenir en procesos de decisión que
regulen la afluencia de inmigrantes, impidan el
tráfico de drogas o preserven el medio ambiente.
En segundo lugar, para responder a los intereses
internacionales de sus propios ciudadanos, que
pueden querer involucrarse en protestas contra
los residuos radioactivos o en acciones de ayuda
humanitaria. En tercer lugar, como una acto de
solidaridad con otros municipios, colaborando
en la defensa de sus objetivos o intereses.
No existe un estudio que tipifique el perfil de las
ciudades que estén dispuestas a embarcarse en
una acción diplomática. Sin embargo, los análisis
de casos realizados hasta el momento permiten
afirmar que con frecuencia estas iniciativas surgen,
en primer lugar, en las capitales de los estados
o en aquellas ciudades consideradas ‘globales’
por ser enclaves financieros o económicos (Nueva
York, Shanghai, Hong Kong) o culturales (Milán,
Los Ángeles). En segundo lugar, en aquellas que
superan el millón de habitantes, que representan
una región con una marcada identidad cultural
(Barcelona, Bilbao) o que están situadas en zonas
fronterizas, ya sean terrestres o marítimas. Taylor
añade a esta clasificación aquellos enclaves urbanos
que están situados en lugares estratégicos de
las redes de tráfico de informaciones, bienes, capitales
y servicios. (Taylor, 2004).
De acuerdo con el poder de persuasión que corresponde
a las ciudades, las acciones específicas
que éstas pueden desarrollar pueden ser de tres
tipos: como grupos de presión o lobbies, influyendo
en los procesos de tomas de decisiones de
los organismos internacionales, de acuerdo con
los intereses de sus ciudadanos; como mediadoras,
negociando acuerdos entre otras localidades
o arbitrando conflictos entre grupos sociales; o,
por último, como socios colaboradores en proyectos
conjuntos diseñados para promover políticas
determinadas (Sizoo, 2007).
Estas iniciativas se desarrollan en diferentes
escenarios, siendo los más frecuentes las redes
informales de contactos con otras ciudades o actores
políticos (para protestas puntuales o emergencias),
los acuerdos bilaterales (a través de los
hermanamientos, por ejemplo), la intervención
en organismos internacionales (como Naciones
Unidas a través del proyecto UN-Habitat; el Comité
de las regiones de la UE o el Congreso de las
Autoridades Locales y Regionales del Consejo de
Europa) o, por último, las redes y asociaciones
creadas por las mismas ciudades para defender
sus objetivos e intereses como United Cities and
Local Governments en el ámbito global o Eurocities
en el contexto europeo.
Este último tipo de intervención revierte un
especial interés por cuanto fomenta la colaboración
entre las ciudades, refuerza su posición
internacional y favorece su potencial ‘poder
normativo’ o capacidad para innovar normas
de comportamiento en ámbitos que carecen de
legislación. En el contexto de las redes o asociaciones,
las ciudades pueden interactuar,
compartir experiencias e información, y elaborar
propuestas conjuntas que adquirirán mayor
fuerza si son presentadas como iniciativas del
conjunto de la red.
Debate sobre la legitimidad
de la diplomacia de las ciudades
Con referencia a su eficacia, es preciso mencionar
el debate sobre la legitimidad de las ciudades
para intervenir en el ámbito internacional. Desde
una perspectiva que contemple exclusivamente
el derecho internacional, sólo el Estado es competente
en materia de política exterior y sólo el
gobierno nacional tiene la capacidad de intervenir
y comprometer al país en actividades internacionales.
En este sentido, sólo las instituciones
diplomáticas del Estado representan a los ciudadanos
en el exterior y sólo ellas pueden desarrollar
una actividad propiamente diplomática.
Sin embargo, son diferentes los argumentos que
pueden matizar esa posición. En primer lugar, el
reconocimiento de la independencia de los municipios
en el gobierno de los asuntos locales. La
mayor parte de las constituciones democráticas y,
en concreto la Constitución Española, reconocen
la autonomía de los municipios ‘para la gestión
de sus respectivos intereses’ (art. 137), siempre
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