CIES SOCIEDAD BOSQUESINA - digeibir

TOMO I:209
sistema de recompensas, tanto a nivel de su funcionamiento, como de
las prebendas por repartir, y el fondo REDD representa ahora, de hecho,
esta solidaridad internacional.
Tratándose de fondos internacionales administrados desde
Washington, el peligro que diagnosticamos desde ahora es que la mayor
parte del dinero será descremado por los intermediarios – ONGs
norteamericanas, latinoamericanas, burocracia estatal, ingenieros y
promotores – y que, a final de cuentas, las sumas que quedan disponibles
para el pago de las recompensas a los bosquesinos sean insignificantes y no
tengan el efecto motivador esperado. Eso significaría crear nuevamente
– como en tantos proyectos de cooperación internacional (pensamos,
p. ej. en FONCODES financiado por el BID) – un elefante blanco.
El bosquesino se vuelve, entonces, el pretexto para conseguir fondos
importantes, cuya mayor parte va a los bolsillos de los intermediarios
(ONGs, burocracia, profesionales urbanos), dejando nuevamente a los
bosquesinos frustrados y abandonando el bosque tropical a la depredación
y destrucción.
Para remediar a este peligro, sería aconsejable fijar, en primera
instancia y ante cualquier organización de la administración de los
fondos, el monto de la recompensa por unidad doméstica en los diferentes
países, teniendo en cuenta que debe significar un factor motivador real
en el medio socio-económico contemplado. La recompensa pagada a
la unidad doméstica bosquesina no debe ser una “limosna”, sino una
contribución sensible a la marcha económica y/o al gusto de consumo de
esta unidad social. En segundo lugar, se debe fijar la cantidad de unidades
domésticas que deben beneficiarse de esta recompensa en cada país. Una
vez las sumas del fondo así distribuidas, se tratará de crear, con el resto,
el mínimo de estructuras administrativas necesarias para que los fondos
lleguen realmente a los destinatarios en función de las evaluaciones
anuales hechas por profesionales comprometidos con el mejoramiento
de las condiciones existenciales de los bosquesinos y con la conservación
del bosque y de su biodiversidad.
Recurrir al financiamiento por REDD implica, sin embargo, sanear
las bases legales a favor de las comunidades bosquesinas que, en la
actualidad, no permiten que éstas sean beneficiarias directas de fondos
por REDD, como lo reveló un estudio reciente dedicado a la situación
legal de los pueblos indígenas (Rojas 2009), que demuestra que sólo
Venezuela y el Perú tienen estas bases desfavorables, mientras que en
Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador las leyes a favor de los indígenas
permiten que sus comunidades sean gestores directos de proyectos de