Psicología y ceguera - Servicio de Información sobre Discapacidad ...

acceso a la formación adecuada para la adquisición de las habilidades
adaptativas pertinentes, el apoyo profesional para la integración escolar, social
o laboral, el apoyo psico-terapéutico individual y familiar y el contacto con otros
afectados. La existencia de estos servicios para deficientes visuales, que en
España presta la ONCE, depende de las políticas sociales que desarrollen los
gobiernos de cada país, en todos los estratos administrativos y, con frecuencia
de la iniciativa privada: corporaciones de derecho público, fundaciones, obras
sociales, agrupaciones de afectados o asociaciones de familiares de afectados.
El criterio de las administraciones o de las entidades determinará filosofías de
intervención más o menos facilitadoras. Aquellas políticas que no consideren
como objetivo la integración, dirigirán la intervención hacia el proteccionismo o
la educación segregada, mientras que otras podrán considerar la integración
como objetivo prioritario desarrollando acciones que faciliten la incorporación a
la sociedad de las personas con déficits.
Además de la existencia de servicios sociales o de políticas concretas es
necesaria una gestión adecuada y una política de difusión y potenciación de la
accesibilidad a los mismos. El desarrollo territorial amplio de los servicios
profesionales determina, obviamente, la proximidad al usuario. Como se ha
visto en el capítulo anterior una de las actividades que quedan limitadas por el
déficit visual es el desplazamiento utilizando medios de transporte. Tal y como
se indicó en líneas anteriores, el lugar de residencia modula el proceso. Una
persona que resida cerca del centro prestador de servicios va a beneficiarse
más de las actividades que en él se realicen, que alguien que necesite utilizar
un transporte público de escasa frecuencia, al residir en un pueblo alejado de
cualquier ciudad. La distribución territorial total de los servicios específicos no
es ni posible, ni aconsejable tanto por razones económicas como operativas y
debe guiarse por la población afectada, tanto actual como previsible. Por ello
se debe tener en cuenta este factor y valorar el coste personal y familiar que
para algunas personas va a representar el acceder a los servicios. Este estudio
de necesidades debe llevar a una planificación adecuada de los programas a
los que vaya a asistir esa persona y a una coordinación con los servicios
sociales generales, estos sí con ubicación más próxima a los ciudadanos. La
planificación adecuada a las necesidades no es un criterio que deba aplicarse
sólo en estos casos, por supuesto, sino que debe ser una máxima a tener en
cuenta en cualquier atención a una persona en proceso de ajuste al déficit y
que demande procesos de atención profesional y rehabilitatorios.
En el proceso de valoración y afrontamiento (E y F figura 2.1.) que se explicará
en los siguientes subapartados, la persona puede ser consciente de que
necesita ayuda profesional especializada; bien porque en su bagaje de
conocimientos como ciudadano exista esa información, bien porque intuya su
existencia o por que haya sido informado por familiares, conocidos o por otros
que hayan pasado por esa situación e incluso porque desde las mismas
instituciones prestadoras de servicios se le haya animado a ello. La persona
que considera que precisa de esa ayuda va a experimentar de forma muy
diferente la aplicación de esa estrategia de afrontamiento (pedir ayuda
especializada) en función de la respuesta que reciba y así realizará
valoraciones posteriores de su situación personal. La política de producción y
distribución de materiales específicos, los plazos para acceder a los servicios,