Libro hacia un dialogo

Enrique Dussel Peters l Yolanda Trápaga Delfín
En México, la inversión productiva se concentra abrumadoramente
en las zonas dominadas por la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara,
con diferencias medulares entre el norte y el sur, además de una
muy importante brecha entre las zonas rurales y las urbanas. Y éste es
el reto que se enfrenta en ambos casos para abatir las desigualdades y
alcanzar un nivel de desarrollo generalizado.
Una base común, dos historias agrícolas
No resulta fácil a primera vista establecer una comparación en el aspecto
agrícola entre ambos países. Sin embargo, para entender la singularidad
y el paralelismo de sus casos hay que recordar que en el siglo XX China
sufrió dos revoluciones en términos reales: una, la colectivización de la
tierra 7 durante los años 50 en el marco de la construcción de una sociedad
socialista y, otra, en 1978, la descolectivización hacia el sistema de
responsabilidad familiar en el marco ya de una sociedad de mercado.
Un aspecto central del acceso a la tierra en China es que usualmente
se llevan a cabo procesos de redistribución con el fin dar un lugar a la
nueva población resultante del crecimiento demográfico, garantizando
a la mayoría una base material muy importante para la sobrevivencia y
poca gente sin tierra.
Por su parte, México vivió una revolución en 1910 que trajo una
reforma agraria radical, acabando con la gran propiedad agrícola y repartiendo
la tierra entre los campesinos bajo la figura de la propiedad
social. Más recientemente, en 1992, se institucionaliza en México un proceso
regresivo con la reforma al artículo 27 de la constitución mexicana 8
7 La propiedad rural, incluida la tierra, nunca fue integrada en el sistema nacional de propiedad
estatal. El colectivo agrícola era propietario de la tierra en principio, así como las
empresas rurales no agrícolas. Los derechos de propiedad en el campo nunca estuvieron
tan centralizados –tan concentrados en las manos de los burócratas– como la tierra urbana.
Las familias rurales siempre tuvieron acceso a la tierra, conservaban sus casas y la tierra
sobre la que estaba construida y tenían acceso a la tierra agrícola a través del colectivo
de la aldea. Con las reformas, la propiedad colectiva cambió en los hechos a favorecer un
criterio distributivo basado en el número de trabajadores y el número de bocas para alimentar
de las familias de agricultores, aunque formalmente sigue siendo el suelo propiedad
del colectivo, por lo que los agricultores firman contratos con el mismo que les da
derechos de uso del suelo por periodos que se han alargado de manera gradual y que
alcanzan ahora más de 50 años y son transferibles, se pueden rentar y hasta vender. Sin
embargo, la tierra no puede ser utilizada como garantía de un préstamo y las familias que
emigran se arriesgan a tener que regresar la tierra. Los derechos de propiedad constituyen
un sistema muy complejo, y es administrado localmente.
8 En diciembre de 1991 se reforma el artículo 27 relativo a la tenencia de la tierra en el campo
y los recursos naturales, posibilitando la privatización de la propiedad social establecida
en la Constitución de 1917. La nueva ley entra en vigor en febrero de 1992, aunque a la fecha
sus efectos no han sido ni con mucho tan amplios como lo esperaban los reformadores.
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