Libro hacia un dialogo

Hacia un diálogo entre México y China
que sienta las bases para la privatización del suelo, del subsuelo y de los
recursos naturales, con el fin de establecer procesos de compactación
de la tierra agrícola y creación de unidades de producción a gran escala,
tratando de emular una visión equivocada de la agricultura estadounidense
bajo el supuesto de que el minifundio impide el éxito en
la actividad agropecuaria. Sin embargo, al no completarse el proceso de
compactación, que sólo se dio de manera incipiente, el modelo anterior
persiste y en ambos países domina el hecho de que el acceso a la tierra
se ha basado en el reparto y no en el mercado. Aunque en el caso mexicano
el énfasis de la política agrícola radica en el mercado abierto, mientras
que en el caso chino en una política agrícola altamente regulada. De
ahí las principales divergencias y los resultados en sentido opuesto.
En diciembre de 1978, de cara ya a la economía de mercado, el
Tercer Pleno del Partido Comunista Chino hizo ajustes relativamente
modestos a la política rural, consistentes en un aumento en los precios
de garantía y la reafirmación del derecho de autoadministración de los
colectivos, condenando de manera explícita la producción individual y
retomando el sistema de responsabilidad familiar que ya mencionamos.
Inicialmente la tierra era dada a las familias con un contrato de un año,
o hasta de un solo ciclo agrícola, luego por cinco, por 15 y hasta por
50 años. Pero en ningún caso optó por la reconstitución de grandes
extensiones bajo un solo propietario.
En la historia de ambos países la propiedad social 9 ha sido el eje de
la reproducción del campo, con una política agrícola que se centró en:
l La autosuficiencia alimentaria (hasta mediados de los ochentas
en el caso de México).
l La producción de granos básicos (cuotas obligatorias en el caso
chino).
9 En China, toda la tierra urbana fue nacionalizada durante los 50, mientras que en el
campo se le dio la propiedad a los colectivos. Ya en los 90, para las familias de las ciudades
se crea un sistema de derechos de uso sobre el suelo que pueden comprarse y venderse
hasta por 50 años. También a finales de los 90 la política gubernamental favoreció la
migración y la creación de mercados de tierras, culminando con la formulación de la Ley
de contratación de la tierra rural de 2003, con el objetivo de definir de manera clara los
derechos de propiedad del suelo en el campo para facilitar el desarrollo de los mercados
de tierras –lo que todavía no sucede–, pero sancionando legalmente formas de circulación
de los derechos de uso de la tierra, tales como transferencia de derechos de uso del
suelo, incluyendo venta de derechos, alquiler y contratación, lo que permitirá consolidar
explotaciones con mayor superficie en la medida en que muchos jóvenes abandonan el
campo y que existe una tendencia creciente a la especialización en cultivos más rentables.
Los mercados de productos se han desarrollado en el campo, pero no los de tierra,
trabajo y capital, mucho menos el financiero.
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