Libro hacia un dialogo

Enrique Dussel Peters l Yolanda Trápaga Delfín
se encuentran presentes en el campo y la ciudad. La propia dinámica
de crecimiento ha provocado tensiones entre éste y el bienestar social,
el desarrollo tecnológico y la generación de empleo, el desarrollo de las
zonas costeras del Este y el atraso de vastas regiones del país, entre el
apoyo a sectores económicos y a la numerosa población con carencias
que todavía no recibe los frutos de este crecimiento económico.
La política de reformas en México
La crisis económica que se presentó en México en 1982 es altamente
simbólica para la sociedad mexicana, con ella concluyó el periodo de
crecimiento económico más alto y sostenido en la historia del país, al
mismo tiempo que motivó el inicio de un proceso de reformas estructurales
cuyo éxito y eficacia todavía se discuten.
A mediados de los años 80 se realizó un proceso de apertura comercial,
que significó el fin de una política de proteccionismo que se
aplicó durante más de 40 años y buscaba apoyar la industrialización del
país; al mismo tiempo, el Estado revisaba su relación con la economía y
renunciaba a su papel como promotor del crecimiento económico.
Estos cambios, que acompañaron otras medidas importantes, son los
más significativos que se presentaron en los años 80, debido a que marcaron
un nuevo rumbo para la organización y el desempeño de la actividad
económica y para la atención de la problemática social mexicana.
Durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-2004), el
proceso de reformas estructurales se aceleró y profundizó, bajo el criterio
de que el Estado debería tener una participación mínima en la
economía, limitada a garantizar el equilibrio de las principales variables
macroeconómicas, y que la actividad estatal debería estar dirigida principalmente
a procurar el bienestar de la población.
Fue así que se consolidó la liberación comercial con la firma del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte en 1993, se desreguló
la inversión extranjera directa, los mercados financieros se abrieron a
la inversión de cartera, se concedió autonomía al Banco Central, se extendió
el proceso de privatización de empresas públicas, se modificó la
legislación agraria para permitir transacciones mercantiles sobre tierras
ejidales, se reformó el esquema de funcionamiento de la seguridad social
y se desmanteló la red de instituciones públicas que proporcionaban
apoyos y subsidios a la producción agrícola y al consumo de alimentos.
Estos cambios, unidos al objetivo de alcanzar y mantener finanzas
públicas “sanas”, llevaron a que la presencia estatal en la economía, medida
por la participación del gasto público en el PIB, se redujera en casi
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