Tese completa Jaci MenezesFCC

1) la incumbencia (no privativa) de la Unión, léase Congreso, en materia de educación,
desde el hecho de impulsar el desarrollo de la enseñanza pública a la creación de instituciones
de enseñanza primaria y secundaria en los Estados;
2) la incumbencia de los Estados en propiciar la instrucción básica, gratuita en el primario,
de libre iniciativa e de ideología oficial, y finalmente, laica en todos los niveles.
3) la consagración de la enseñanza laica en todos los establecimientos públicos”.
Después de todo el debate, se hicieron las siguientes modificaciones:
1 - la sustitución de la expresión “impulsar el desarrollo de las letras, ciencias y artes”.
2 - El artículo 62 tuvo todos sus parágrafos cortados, cabiendo a cada estado organizar su
constitución, respetados los principios constitucionales de la Unión. Caen, por lo tanto, a nivel
del principio nacional, la gratuidad de la enseñanza primaria y la obligación del Estadomiembro
de ofrecerla.
3 - En el Artículo 72 desaparece la idea de una enseñanza “libre”, fuera de los controles
estatales.
Entiende el profesor Cury que el uso de la palabra “impulsar” se dio teniendo en vista el
respeto a la autonomía estatal, por un lado; por otro, abría la posibilidad de que el Gobierno
central, queriendo , tratara de apoyar, promover, etc., las “primeras letras”- sin asumir todavía
la responsabilidad de la enseñanza primaria. Se estaría entendiendo “impulsar el desarrollo de
las letras” en el sentido cognoscitivo, de la adquisición de la lectura y la escritura. 27 Ése no
fue el sentido tomado en la Primera República, pero sí el de apoyo a la “literatura”.
En cuanto a la no incorporación de la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria
como principios nacionales, él entiende que está vinculada a la noción de federalismo que
entonces se practicaba, vinculada al concepto de autonomía - ésta más fuerte que otras
definiciones de derechos. Estaría la Constitución de 1891 menos clara que la de 1824 en la
definición del derecho a la educación y más autonomista que el Acto Adicional de 1834. Así,
estos dos principios fueron colocados por encima de intereses colectivos, por fortuna existentes
desde el punto de vista de la formación del ciudadano, de una nacionalidad, o del elector.
Además, vamos a ver en la parte 5 de este capítulo, que al vincular educación y voto para la
calificación del ciudadano, la Constitución consagra el entendimiento de que el voto era interés
individual. La única señal de igualdad deseada, que el texto de Jamil Cury destaca, es aquélla
que deriva de la laicidad.
Reflexionando sobre tales posiciones, la Constitución Federal del 24 de febrero de 1891, a
pesar de haber sido promulgada por los “representantes del pueblo brasileño, reunidos para
organizar un régimen libre y democrático”, no deja clara la adopción del derecho a la
educación. Consolidando la separación entre Iglesia y Estado, proclama la libertad de culto y
declara laica a la enseñanza administrada en los establecimientos públicos (Artículo 8º., § 2º. y
Art. 72, § 6º.). Suprime, no obstante de su texto la explicitación anteriormente existente, en la
Constitución de 1824, de que la instrucción primaria sería gratuita para todos los ciudadanos.
La responsabilidad de educar va a los Estados.
27 Jamil Cuy, texto citado, pág. 367 a 370.