Tese completa Jaci MenezesFCC

Educación, realizada en Niteroi, también en 1932 “Las atribuciones respectivas de los
gobiernos federal, estatal y municipal referidas a la educación”. A partir de los debates, una
comisión de 10 educadores, presidida por Anisio Teixeira, presentó un informe después
revisado y transformado en un anteproyecto de capítulo por una comisión de 32 educadores, de
la cual Fernando de Azevedo fue el relator; y, en diciembre de 1933, la Dirección y el Consejo
Directivo de la Asociación presenta una nueva redacción para el capítulo en cuestión.
El primero de los tres documentos establece y consolida una serie de principios que deben
servir de base a los artículos del Capítulo, más allá de las normas que ellos deben cumplir. En
líneas generales, la educación nacional debería ser:
* democrática: ofrecer a todos los brasileños las mismas oportunidades de orden
educativo;
* humana: formación integral del hombre y del ciudadano “de manera que su condición
de brasileño no lo vuelva desapercibido de la necesaria solidaridad de los pueblos”.
* general, laica y gratuita: destinada a no establecer ninguna restricción o diversificación,
ya sea de orden social, doctrinario, religioso, o económico.
Se pretendía con esos principios, retomar las intenciones republicanas, a la vez que “la
conciencia brasileña se formó bajo el impulso de las tendencias de la democracia, la libertad y
la solidaridad humana”. La intención sería “huir de las divergencias de clase y de religión
para instituir una Nación libre”.
En base a estos principios la distribución de competencia apuntaba a implantar la
descentralización (coordinada) de la acción educativa. A los Estados le competiría organizar,
administrar y costear los servicios educativos y a la Unión, la coordinación y estimulación, a
través de la creación y mantenimiento de un sistema de estudios e informaciones. Habría
también acción supletoria, donde fuese preciso, por la deficiencia de recursos de iniciativa, a
través de subvenciones o institución directa de organismos de enseñanza. No llega, no obstante
a proponer en esta descentralización, una municipalización de la educación, considerando lo
que llaman como “estado embrionario de la mayoría de los municipios” y la necesidad de
orientación especializada, a que no tendrían fácil acceso. Igualmente lanza la posibilidad de la
delegación de atribuciones de los Estados a los municipios capaces ( “por sus rentas y
desarrollo cultural”).
Más allá de la descentralización, pretende establecer la autonomía administrativa, técnica e
financiera de los servicios educativos. La educación sería dirigida y administrada a través de
Consejos Nacionales y Estatales y de Departamentos Técnicos (“entendidos como organismos
ejecutivos del Consejo”). La autonomía financiera de impuestos especiales y de porcentajes
sobre las rentas de la Unión, de los Estados y de los municipios.
En los demás documentos se van tomando posiciones más precisas y concretas. Se postula
la obligatoriedad de la educación primaria y su extensión progresiva hasta los 18 años; para el
mantenimiento de los fondos, define un porcentual del 10 % de la renta de los impuestos de la
Unión y 20 % del total de los réditos de los Estados. Y los consejos, como organismos de
dirección de los sistemas, son reforzados: el Consejo Nacional es declarado el titular de la
competencia de la Unión en materia educacional; en los Estados, sería competencia privativa de