Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
aquellos lugares golpeados por la subversión. En la mayoría de los casos, esas zonas fueron declaradas como
zonas de emergencia, bajo el control político militar de las Fuerzas Armadas.
En Junín, ante el incremento del número de atentados y de víctimas por acción del PCP-SL y el MRTA, noviembre
de 1988 el gobierno de Alan García decretó en el estado de emergencia en todas las provincias y distritos
de Junín, designando como jefe del comando político militar al general del Ejército Manuel Delgado Rojas.
Dos meses antes se había declarado en emergencia la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco.
Tras la declaración del estado de excepción, y luego de que el Ejército asumiera el control político militar
del departamento, aumentaron las amenazas, secuestros, torturas de los detenidos, asesinatos extrajudiciales
y desapariciones de personas. Estas violaciones de los derechos fundamentales se convirtieron en parte de la
vida cotidiana, como ya había sucedido en Ayacucho.
La Policía había recibido duros golpes de la subversión: muchos puestos policiales fueron atacados directamente
por el MRTA en Apata, Concepción, San Jerónimo, San Agustín de Cajas, Chupaca, Comas, Ulcumayo
y Pichanaqui, y muchos también fueron desactivados debido al repliegue de sus miembros a centros poblados
mayores.
Sin embargo, en la opinión pública ya existía una imagen formada del Ejército, derivada de la forma de
intervención que venía desarrollando en los departamentos sureños de Ayacucho y Huancavelica. La desconfianza
entre la población era enorme, y el clima de inseguridad y temor se acrecentó grandemente.
En 1989 se notó un accionar marcado por el paulatino despliegue del control militar a partir de los centros
urbanos donde existían cuarteles (Huancayo, Jauja, La Merced) hacia las periferias rurales. En las ciudades
—especialmente en Huancayo— el control militar fue intenso, se estableció el toque de queda, la
universidad local fue allanada en varias oportunidades y el patrullaje por las calles de la ciudad, así como
los operativos de rastrillaje, eran constantes en los asentamientos humanos. En un inicio, en las zonas rurales
cercanas a las ciudades se ejecutaban patrullajes esporádicos, mientras que no se notaba la presencia del
Ejército en las zonas rurales alejadas, donde el PCP-SL o el MRTA tenían significativa presencia, como
Chongos Alto, Jarpa y Sincos, por la cordillera occidental del valle del Mantaro, de fuerte presencia senderista,
y por el lado oriental Pariahuanca, Andamarca, Santo Domingo, Comas, Cochas, Mariscal Castilla,
Curimarca, Monobamba y Uchubamba, con presencia senderista y emerretista.
El Ejército ejecutó algunas operaciones «punitivas» en algunas comunidades del valle del Mantaro. Los
ejemplos más saltantes son los de San Juan de Jarpa, donde asesinaron a cinco pobladores, y Pucará, donde
mataron a ocho. En ambos casos atribuyeron las incursiones al MRTA, pero cabe señalar que en estos dos
distritos el MRTA no tenía presencia alguna ni había incursionado en ellos anteriormente.
Pese a estos actos punitivos, la respuesta militar en los espacios que estamos estudiando no fue indiscriminada.
Existe una gran diferencia entre la intervención militar en Ayacucho o Huancavelica y la realizada en
la región del Centro, pues si bien la represión indiscriminada fue una tentación que caracterizó los primeros
momentos de intervención del Ejército, a partir de 1991 se percibe con claridad que éste actuaba con objetivos
más claros, pues llegó a la convicción de que el arrasamiento indiscriminado de población civil provocaba
reacciones contrarias a las buscadas. Por lo tanto empezaron a dar prioridad al trabajo de inteligencia y de
acercamiento a la población. La instalación de bases contrasubversivas y el impulso a la formación de comités
de autodefensa pasaron a ser componentes de una misma estrategia que incluyó la eliminación de estudiantes
universitarios y de personas signadas como subversivos por los agentes de inteligencia militar.
Los comités de autodefensa
En efecto, desde 1989 los altos mandos de las Fuerzas Armadas empezaron a contemplar la participación activa
de la población civil en la lucha contra los grupos terroristas en aquellas zonas rurales donde ambos movimientos
realizaban sus mayores acciones políticas y militares. La organización de la población civil para su
autodefensa se venía llevando a cabo en algunas zonas declaradas en emergencia, como Ayacucho, desde
1983, con altibajos y sin contar con apoyo gubernamental suficiente. Sólo a fines de 1989 recibieron el aval del
gobierno de Alan García.
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