Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
después, los militantes del PCP-SL lanzaron otra oleada de ataques dinamiteros en la ciudad: el 10 de febrero
fue el turno de la Dirección Departamental de Junín, la Caja de Ahorros, el concejo distrital de El Tambo, la
Corte Superior de Justicia, la Corporación de Desarrollo de Junín, el Banco de Los Andes, el cine Pacífico y la
Empresa de Transportes Hidalgo, y el 30 de marzo, luego de derribar varias torres de alta tensión —lo que
provocó un corte de energía eléctrica que dejó sin luz a numerosos poblados a lo largo del río Mantaro— se
sucedieron ataques contra el local del Juzgado de Pilcomayo, Electro Centro, la cooperativa de la Policía, el
juzgado de paz, Nissan y una tienda municipal.
Dos meses después, el 30 de mayo de 1988, los subversivos del PCP-SL atacaron el puesto policial del distrito
de Chongos Bajo (provincia de Chupaca), matando a un policía. El 13 de junio, en Aramachay distrito de
Sincos, provincia de Jauja, un cooperante estadounidense y un técnico agropecuario fueron asesinados por
militantes senderistas. Otro atentado selectivo se produjo el 4 de julio, cuando un policía fue ultimado en la
ciudad de Huancayo.
El 1 de octubre de 1988 ocurrió el asesinato de Herminio Parra, docente universitario, en la ciudad de
Huancayo. Su asesinato fue reivindicado el comando «Rodrigo Franco», grupo que hizo así su primera aparición
en la violencia del valle y al cual se responsabilizó de una serie de asesinatos posteriores de personas
supuestamente vinculadas a la subversión. En 1988, en medio de importantes movilizaciones y huelgas de
trabajadores que demandaban solución a sus reivindicaciones —entre ellas el reconocimiento del pliego nacional
único minero planteado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos
del Perú (FNTMMSP)—, el PCP-SL asesinó a dos ex dirigentes mineros que se habían opuesto públicamente
al inicio de una segunda huelga nacional. El 17 de octubre de 1988 fue muerto Alejandro Patiño, ex
dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros de Morococha (STMM) y militante aprista, y el 18 de octubre
de 1988, al día siguiente del inicio de la huelga nacional, asesinaron a Fidencio Coronel, ex dirigente del Sindicato
de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya y militante del PCP Unidad. El 13 de febrero de 1989, Saúl
Cantoral, secretario general de la FNTMMSP, y Consuelo García, trabajadora de una ONG, fueron secuestrados
y asesinados por presuntos paramilitares en la ciudad de Lima. Se presume que con el asesinato de Cantoral
se pretendía detener el inicio de una huelga nacional anunciada para los primeros días de marzo, ante el
incumplimiento de los empresarios mineros de los acuerdos entre el gobierno y los sindicatos mineros.
El 16 de abril de 1989, Seferino Requis, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos
de Cerro de Pasco, fue asesinado en medio de una asamblea por seis hombres armados con los rostros
cubiertos. El 7 de mayo, en Morococha Yauli, Antonio Cajachagua, secretario general del Sindicato de
Trabajadores Mineros de Morococha, fue asesinado por un grupo de encapuchados.
Sabotajes al sistema de transmisión de electricidad, ataques a locales públicos y de empresas privadas, robo
de dinamita y, por supuesto, asesinatos selectivos como los de dirigentes mineros que hemos citado líneas
arriba, así como ataques a la Policía, configuran una extensa relación de sucesos en este año y el siguiente, los
de mayor cantidad de muertes en la zona en todo el ciclo de violencia.
Ante el incremento continuo de los sabotajes, de las incursiones a los poblados, de la expansión territorial,
de los asesinatos selectivos y, además, la aparición de columnas subversivas del MRTA en el campo, el gobierno
de Alan García declaró al departamento de Junín en estado de emergencia el 30 de diciembre de 1988, el mismo
mes en el cual seis años antes el gobierno de Belaunde había hecho lo mismo en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
Con esta medida, la represión de la subversión quedó en manos del Ejército y el escenario de la violencia
política se modificó de manera sustantiva en el departamento de Junín. La estrategia puesta en práctica tuvo tres
componentes centrales: la instalación de bases contrasubversivas en las zonas rurales consideradas con presencia
y asentamiento del PCP-SL y del MRTA; la organización de la población campesina para su autodefensa, y por
último, la ubicación y eliminación de personas presuntamente vinculadas con la subversión –previa labor de
inteligencia–, tanto en el campo como en las ciudades. Esto último se aprecia en toda su magnitud en la Universidad
Nacional del Centro entre 1990 y 1992, lapso en el cual aumentaron las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales
de estudiantes, docentes y trabajadores presuntamente vinculados con los grupos subversivos.
Pero el acontecimiento más impactante en la zona que ahora presentamos ocurrió el 28 de abril de 1989 en
Molinos, Jauja, con el enfrentamiento entre una patrulla del Ejército y un destacamento de militantes del
MRTA que se dirigía a tomar la ciudad de Tarma (ver estudio de Molinos de la CVR). Este fue el revés más
importante que tuvo el MRTA en la región del Centro: en dicha batalla murieron 58 presuntos subversivos,
TOMO IV PÁGINA 147