Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
ticiamiento de nueve estudiantes y de un profesor de La Cantuta tuvo gran resonancia política, pues constituyó
una prueba fehaciente de la responsabilidad de importantes mandos políticos y militares en los hechos
violatorios de derechos humanos durante la guerra interna.
Los mecanismos de captación y de legitimación
El 18 de mayo de 1982, un grupo de senderistas iluminó uno de los cerros de El Agustino con la hoz y el martillo.
Este acto simbólico, conjuntamente con la voladura de torres de energía eléctrica, fueron parte de la estrategia
senderista en distritos como El Agustino y Chosica, que desde el inicio de sus acciones fueron prioritarios
para el PCP-SL, aun cuando sus acciones principales se realizaban en las zonas rurales, principalmente
en la región ayacuchana. Por otra parte, en El Agustino se formó una «escuela militar» a cargo de Laura Zambrano,
mientras que las acciones en Ate Vitarte se concentraron en capturar e influir en espacios como los
sindicatos. En esto último se pueden distinguir dos fases: una primera, de deslegitimación de las luchas sindicales,
en la que tildaban a los dirigentes de «revisionistas conciliadores» mientras buscaban captar militantes
para que realizaran tareas en los aparatos armados, logísticos o de inteligencia, y una segunda, con una intensa
labor de entrega de volantes y proclamación de arengas a la salida de las fábricas, combinada con una estrategia
de destrucción de la infraestructura fabril como parte de los acuerdos del I congreso. Tal fue el caso
de Nylon, Rayón, Bata, Nissan y otras fábricas localizadas en la Carretera Central. Lejos de desarrollar las
bases, los ataques e incendios de fábricas generaron el rechazo de los trabajadores, que vieron mermados sus
puestos de trabajo y que, incluso, quebraron las demandas de reposición de los empleados de Nissan y afectaron
a los de Bata, que cerró secciones enteras como producto de los incendios.
El PCP-SL privilegió, además de los sabotajes, la confrontación, incitando a la reacción violenta de las
Fuerzas Policiales en las marchas de huelguistas, a la vez que reforzó su trabajo político con una diversidad de
modalidades: desde volantes y asesinatos de supuestos dirigentes «traidores» hasta el copamiento de las dirigencias
sindicales y convocatorias a paros armados. Con estas tácticas, las divergencias entre el PCP-SL y los
trabajadores organizados se profundizaron, aunque el primero logró captar a los sectores más radicalizados,
que propugnaban una huelga general indefinida.
En El Agustino, Ate Vitarte y Chosica, tras el ajuste económico de 1991, se pusieron en marcha programas
de emergencia, mientras que el PCP-SL introducía la noción de «sanción ejemplar» como método de sometimiento
de las dirigencias. A su vez, se presentaba como garante del orden en los mercados, obligando al control
de precios y ajusticiando a los delincuentes. En Raucana —el mayor experimento organizativo senderista—,
los moradores provenían de El Agustino, donde el proselitismo senderista fue muy temprano, así como
de Andahuaylas (el contingente más numeroso), Los Ángeles, Yerbateros, Granja Azul, San Gregorio, Vitarte,
Nueva Esperanza y Vista Alegre, además de un importante grupo de provincianos desplazados por la violencia
en las zonas rurales, e incluso procedentes de otras zonas de Lima. La situación laboral de la gran mayoría
era precaria, y su capacidad de organización muy limitada. Con ellos, el PCP-SL constituyó en Raucana un
«comité popular abierto», en el corazón de Ate Vitarte.
La lógica del paro armado
Los paros armados del PCP-SL formaban parte de una lógica de amedrentamiento y orquestación de acciones,
con el objetivo de provocar el colapso del Estado mediante la generalización de la violencia. Estos paros armados
se ubican en la tercera etapa de la violencia en Lima Metropolitana, aquella vinculada con el desarrollo
del «equilibrio estratégico». Se trataba de una acción militar que comprendía todas las otras formas de lucha
senderista (agitación y propaganda, sabotajes, aniquilamiento selectivo, combate guerrillero), con un claro
objetivo político: «aislar y socavar al viejo Estado, mostrando su impotencia». El primer paro armado en Lima,
con el objetivo de competir con la Izquierda Unida como proyecto político, se llevó a cabo el 19 de enero de
1989, coincidiendo con el I congreso de Izquierda Unida en Huampaní, en la Carretera Central. Posteriormente,
las zonas preferidas por el PCP-SL fueron los sectores ocupacionales de la capital, luego la Carretera Central,
Chosica, y posteriormente, Canto Grande.
El paro armado como modalidad subversiva creció en importancia desde que la directiva senderista proclamó
la llegada del «equilibrio estratégico». Las convocatorias solían coincidir con fechas emblemáticas del
PCP-SL, aunque a menudo formaban parte de campañas planificadas, con plataformas reivindicativas muy
TOMO IV PÁGINA 314