Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
rio al narcotraficante Demetrio Chávez, ‘Vaticano’. Su poder era tan fuerte que no permitió entrar a Campanilla
—su centro de operaciones— ni al PCP-SL ni al MRTA. Cabe resaltar que la relación entre ‘Vaticano’ y el
PCP-SL se inició en 1989 en Uchiza. Luego de su ruptura con el PCP-SL, se trasladó a Campanilla, que se convirtió
en la frontera entre los territorios del PCP-SL y los del MRTA.
Ofensiva militar y declive de la violencia: 1993-2000
A partir de 1989 se registró una espectacular caída del precio de la droga, atribuible a la persecución policial a
los cárteles de Medellín y de Cali. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo que
trajo como consecuencia una acumulación de pasta básica de cocaína y la saturación del mercado local. Como
consecuencia, el precio por kilo en el Huallaga comenzó a hundirse, y de los US$ 1,000 a US$ 1,200 que ostentaba
en la década de 1980, perdió más de la mitad de su valor y siguió bajando hasta llegar a niveles que ya no
compensaban el procesamiento de la droga.
Las estrategias contrasubversivas
El declive del accionar subversivo también tiene relación directa con la estrategia puesta en marcha a partir de
la creación del comando político militar del Huallaga, en el 1989, durante el gobierno de Alan García. Según
datos estadísticos, 1991 y 1992 fueron los años de mayor cantidad de muertos, sobre todo en la provincia de
Leoncio Prado. Estas altas cifras se vinculan con la ofensiva militar derivada de una nueva concepción estratégica
que originó tres cambios en el Huallaga y que, a la larga, afectaron el avance del PCP-SL. Éstos consistieron
en la colocación de nuevas bases militares en Uchiza, Santa Lucía, Tocache, Madre Mía, Tulumayo,
Nuevo Progreso, Pizana, Punta Arenas y otros lugares; la reanudación de los trabajos de inteligencia con apoyo
de arrepentidos, y la reapertura total de la Carretera Marginal.
Debemos reconocer que para el Estado peruano, que seguía los acuerdos y directivas del gobierno estadounidense
y sus organizaciones vinculadas a la lucha antinarcóticos, el problema político del Huallaga se
subordinaba a una visión policial que daba prioridad al desmantelamiento de las redes del narcotráfico, golpeando
al productor cocalero a través de las instituciones de erradicación que hemos mencionado anteriormente.
Así, el primer cambio en la estrategia fue la instalación y puesta en operatividad de una inmensa base
policial encargada de reprimir al narcotráfico. Con el apoyo de la DEA estadounidense, la base de Santa Lucía
cumplió, hasta 1992, la función de desarticular las firmas nacionales y extranjeras de narcotraficantes. Pero el
jefe del comando político militar inició una nueva estrategia, sustentada en una alianza con el campesino, para
derrotar al PCP-SL. El 3 de mayo de 1989, el presidente Alan García Pérez llegó a la ciudad de Tocache y se
dirigió al comando del Ejército, cuya sede había sido la casa ‘El Vampiro’, uno de los capos del narcotráfico
con quien varios líderes del PCP-SL mantuvieron vínculos entre 1986 y 1987. Al día siguiente, en Uchiza, presentó
ante unos cinco mil campesinos congregados en la plaza de armas al primer jefe del comando político
militar del Huallaga-Huánuco y San Martín, general Alberto Arciniega Huby. Para Arciniega, la lucha contrasubversiva
debía apuntar a desvincular a la población de la subversión, dejando de perseguir al campesino
cocalero y dando prioridad a la lucha contra las columnas senderistas. Arciniega tuvo un éxito militar con esta
estrategia, pero debió enfrentar a sectores de la prensa –y, sobre todo, a funcionarios estadounidenses– quienes
hicieron denuncias de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas. Debemos recordar que varios de los
generales responsables del comando político militar de la región del Nororiente que sucedieron a Arciniega
en el cargo se vieron envueltos en denuncias, e incluso en juicios, por aparentes vínculos con el narcotráfico.
Sea como fuere, la instalación de bases militares y la propuesta a los cocaleros para que retirasen su apoyo al
PCP-SL, significó el principio del fin para las organizaciones subversivas.
Por otra parte, desde 1991 se intentó mejorar el trato de las Fuerzas Armadas hacia la población en lo que
respecta al respeto de los derechos humanos, con la imposición del «Decálogo de las Fuerzas del Orden», que
tenía su sustento en las directivas 023 SGMD del 28-10-91, y 009 CCFFAA del 11-9-91, como una forma de
captar la confianza de la población para la conformación de los comités de autodefensa.
Según los comunicados que emitía el comando político militar del frente Huallaga, quedaba entendido
que la finalidad de la pacificación era sentar las bases de un nuevo tipo de desarrollo con orden político, jurídico,
social, económico, cultural y psicológico, que contribuyera a desterrar las condiciones que servían de
caldo de cultivo a los movimientos subversivos.
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