Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
En cuanto a los partidos políticos, a inicios de la década de 1980 tenían una presencia importante Acción
Popular, el Partido Aprista e Izquierda Unida, todos ellos activos para lograr derrotar al gobierno
militar de Francisco Morales Bermúdez. Incluso desarrollaron acciones conjuntas que incluyeron manifestaciones
violentas, movilizaciones, paros y huelgas como parte de un amplio movimiento nacional
que obligó a Morales Bermúdez a convocar a elecciones para la Asamblea Constituyente y, posteriormente,
permitir la realización de elecciones generales, donde resultó ganador Fernando Belaunde
de Acción Popular gracias, entre otras razones, al amplio apoyo que su partido tenía –y en cierta medida
aún tiene– en la región colonizada de Huánuco y San Martín.
La primera huelga de gran impacto en la región nororiental fue protagonizada por los productores de
coca de los departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali, agrupados en el Comité Regional de
Productores de Coca de la Provincia de Leoncio Prado y Anexos y dirigido por Tito Jaime, en noviembre
de 1979, como respuesta al decreto ley 22095. Según sus promotores, se trataba de una demanda
de diálogo para encontrar soluciones a la problemática cocalera. La concentración de tres mil
cocaleros en Tingo María y los bloqueos de carreteras en toda la región por primera vez centraron la
atención de la prensa nacional y extranjera que, en parte, vinculó la protesta con los intereses del narcotráfico,
dejando en segundo plano el aspecto social. Este paro de veinticuatro horas abrió las puertas
para la negociación de los dirigentes cocaleros con los ministros de Agricultura y de Defensa, pero sin
resultados. Peor aún: el gobierno decidió llevar adelante los operativos de «guerra» Verde Mar I y
Verde Mar II, a fines de 1979 e inicios de 1980, donde se denunciaron excesos en contra de los cultivadores
de la coca y se polarizaron las posiciones de los agricultores.
Más allá de los aspectos cuantitativos de la producción y procesamiento de la hoja de coca y sus derivados,
su impacto en las variables macroeconómicas del país, la incidencia en la violencia vivida y la
naturaleza de las relaciones sociales involucradas en la economía cocalera no quedan suficientemente
claros en los escasos trabajos realizados hasta la fecha. En realidad, no se conoce mucho la lógica subyacente
y la dinámica de la economía de la coca, así como su articulación con la dinámica de las economías
regionales y las estructuras sociales, políticas e ideológicas donde se insertó y desarrolló. Son
importantes, entonces, los estudios realizados sobre este tema por la Comisión de la Verdad, que responden
a preguntas centrales con respecto a los factores, tanto internos como externos, que permitieron
el explosivo crecimiento de la hoja de coca y derivados a partir de 1970, y las repercusiones de ese
crecimiento tanto en la configuración socioeconómica de la selva alta y el desarrollo de las economías
regionales como en los conflictos derivados.
Por último, a inicios de la década de 1980 la debilidad del Estado se reflejaba, entre otras variables, por
la casi nula presencia del Ministerio Público y el Poder Judicial —encargados de administrar y hacer justicia—
que por una serie de factores se vieron imposibilitados de cumplir con eficiencia sus funciones.
4.1.4. Actores en conflicto
En esta región –que para efectos del estudio ha sido dividida en cuatro zonas, como veremos luego–, el efecto
de la violencia fue de mayor complejidad, porque los intereses y objetivos de cada uno de los grupos en conflicto
eran diferentes, cuando no antagónicos. Actores del conflicto interno fueron no sólo los grupos alzados
en armas y las Fuerzas Militares y Policiales, sino también las bandas del narcotráfico internacional, los organismos
nacionales y extranjeros encargados de la interdicción al narcotráfico, los organismos e instituciones
relacionados con el desarrollo alternativo, los grupos de paramilitares o agentes de seguridad encubiertos, la
delincuencia común y la corrupción en todos los niveles de la administración pública y de justicia, además,
por supuesto, de los productores de coca y los productores de otros cultivos agrícolas.
Si hiciéramos un listado más estricto de los actores directos que, en conjunto o por separado, actuaron contra
la mayoría de la población muchas veces inocente, y que se encontraban armados, debemos incluir en él
al PCP-SL, al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, al Ejército, las Fuerzas Policiales del Perú, la Marina
de Guerra, la Fuerza Aérea Peruana, los comités de autodefensa, los agentes de cárteles de la droga internacionales
y las mafias nacionales. Pero la lista se amplía si incluimos otros actores no armados. Como se verá a
lo largo de las siguientes páginas, todos estos actores se parcelaron en zonas de control directo, establecieron
alianzas cambiantes y complejas e hicieron negocios en el contexto de violencia.
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