Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

Inicio y expansión de la violencia: 1980-1986
PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
Según información manejada por el departamento de inteligencia del frente Huallaga, el primer grupo de
sesenta miembros del PCP-SL armados hizo su ingreso en 1982 por el valle del Monzón, luego de transitar por
la zona de Tantamayo, una especie de corredor que conduce por Maravilla y Caunarapa hasta la ciudad de
Monzón. De ahí se dirigieron al caserío Matapalo, desde donde fueron a Venenillo, distrito de José Crespo
Castillo, provincia de Leoncio Prado, donde asentaron su primera base en el segundo semestre de aquel año.
Desde entonces, y en el mismo sector de la margen izquierda del río Huallaga, lograron establecer una poderosa
organización insurgente con posibilidades de apoyar logística y económicamente a los grupos de la sierra
y la costa. Desde Venenillo, y cruzando el Huallaga por el sector de Alto Maronilla, en cuestión de horas podían
llegar hasta Aguaytía, y en tres días hasta el Biavo, en San Martín.
Aunque no se sabe a ciencia cierta dónde entró primero, según testimonios de Aucayacu serían tres las
zonas en las que el PCP-SL se asentó y empezó a organizar el campo. Dos estaban en la margen izquierda del
río Huallaga (el puerto Venenillo y caseríos de La Merced de Locro, Corvina, los Cedros, entre otros que luego
conformarían el llamado «bolsón Cuchara»), y los caseríos de San José de Pucate, San Martín de Pucate y Primavera,
frente a Aucayacu. La tercera zona fue el sector Gozen-Nueva Esperanza, situado en la margen derecha
del río Huallaga, al norte de Pucayacu, cerca del caserío de Consuelo. Con el creciente control senderista
sobre el campo se vio el surgimiento de Ramal de Aspuzana como centro abierto de la droga.
A principios de 1982, «grupos de avanzada» ya estaban visitando comunidades a lo largo de la margen
izquierda del Huallaga, desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco, donde reunían a los pobladores, pregonaban
su política y anunciaban las nuevas reglas que los pobladores tendrían que acatar si querían quedarse.
Vistiendo polos negros, pasamontañas y portando escopetas, tramperos y revólveres, estos primeros grupos
predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado para reivindicar la coca, en
vista de que las huelgas pacíficas —aseguraron— no lograrían concesiones significativas.
A finales de 1983, infiltradas esas columnas en el Alto Huallaga, se registró la primera acción violenta de
PCP-SL en la región contra el local del proyecto CORAH. Al año siguiente, un grupo de senderistas asesinó en
Monzón a diecinueve trabajadores de este proyecto y destruyó el puesto policial de Aucayacu.
Si observamos las estadísticas de muertos, desaparecidos, atentados, acciones militares, etcétera (véase gráfico
y cuadro de muertos), constataremos que desde 1984 la violencia ya no se detuvo. Así, aquel año el presidente
de la cooperativa Pucate, del distrito de José Crespo y Castillo, fue asesinado junto con otros seis dirigentes y
trabajadores, mientras que la ciudad de Aucayacu fue tomada en dos oportunidades, con el saldo de una veintena
de fallecidos. Además, como hemos visto, fueron asesinados los alcaldes Tito Jaime y Víctor Piñán Verde. A
estos asesinatos se sumó el ataque a la estación experimental de Tulumayo, así como al puesto de la Guardia
Civil en Santa Lucía, la incursión en la ciudad de Tocache y el atentado contra las instalaciones de la empresa
Palma del Espino, en Uchiza. Aquel año, el Estado se vio obligado a declarar el estado de emergencia.
En 1985 se produjo la toma y difusión de propaganda en las emisoras radio Tingo María y Ribereña de
Aucayacu, así como el asesinato del teniente gobernador y su familia en Pendencia Alta. La actividad del
PCP-SL, en relación directa con la ampliación de su base social especialmente rural, fue en aumento, y de los
contados asesinatos de años anteriores la cifra de muertos en la provincia de Leoncio Prado pasó a más de
cien sólo en 1985. En diciembre de ese año, el presidente García levantó el estado de emergencia, lo que permitió
el retorno policial y los abusos contra la población, que agudizaron aún más los conflictos.
A principios de los años ochenta, tener vinculación con el narcotráfico otorgaba prestigio y cierto estatus
social. «Todos» querían ser identificados como parte de alguna red existente, pues nadie se atrevería a meterse
con ellos. Pero cuando el PCP-SL tomó el control de muchas zonas, la realidad cambió y entonces «todos»
querían aparentar un vínculo con este grupo. Por ello, hablaban de revolución, aunque ninguno de los jóvenes
que mencionan esa palabra supiera a ciencia cierta lo que ésta quiere decir.
Lucas Cachay, dirigente gremial de San Martín vinculado al MRTA, sostuvo en una entrevista con la
prensa que los productores de coca afirmaban que a los miembros del PCP-SL no les interesaba la formación
de quienes se enrolaban con ellos. Es más –refería Cachay– los senderistas decían que lo importante no era
«que supieran por qué luchaban sino que se encontraban dispuestos a luchar, nada más». El PCP-SL buscaba
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