Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

2.3.1. Inicio de la violencia: 1980-1982
LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
En 1980, el PCP-SL inició sus acciones violentas en Huancavelica, Junín y Pasco. En Huancavelica, los sabotajes
contra torres de alta tensión, los ataques dinamiteros a los locales de algunas instancias del Poder Judicial y
de otros locales públicos y el hostigamiento a los puestos policiales fueron la tónica del accionar del PCP-SL
en esa época. En Junín, por su parte, las acciones se concentraron en el valle del Mantaro, en especial en la
provincia de Huancayo y en su ciudad capital. El blanco eran los locales de los concejos distritales y provinciales,
los puestos policiales, los locales de los partidos políticos y las entidades estatales. Asimismo, el PCP-SL
asaltaba algunas minas para apropiarse de dinamita, mechas y fulminantes. Por último, atentaba contra las
instalaciones de servicios públicos (agua, transporte ferroviario y electricidad). En cambio, en Pasco, las acciones
de sabotaje del PCP-SL fueron esporádicas. En los tres departamentos, las acciones ejecutadas por el PCP-
SL tenían como objetivo principal golpear a los representantes e instituciones del «viejo poder». En tanto, la
respuesta del Estado se limitó a encargar la represión de la insurrección senderista a las Fuerzas Policiales y
sus organismos especializados en lucha contrainsurgente.
Entre 1981 y 1982, las acciones de propaganda y agitación armada (embanderamientos, pintas e iluminaciones),
sabotaje a la red de transmisión de energía eléctrica y hostigamiento a los puestos policiales se incrementaron
–aunque de manera desigual– en cada uno de los departamentos. En Junín, los sabotajes contra los establecimientos
bancarios y entidades estatales eran constantes. Se produjeron las primeras voladuras de puentes y se
mantuvieron las acciones de sabotaje contra las vías férreas y la infraestructura minera. Se presume que en 1982,
el PCP-SL comenzó su inserción en el valle del Ene, provincia de Satipo. En Huancavelica ocurrieron las primeras
incursiones de militantes maoístas armados. Los asaltos a los puestos policiales buscaban «conquistar» armas
y los ataques a las minas obtener «medios» (dinamita, mechas y fulminantes). En Pasco, por su parte, el sabotaje
contra las instalaciones de Centromin era sistemático. El PCP-SL cometió los primeros asesinatos de miembros
de las fuerzas del orden, campesinos y autoridades políticas locales. En 1981, la quebrada de Chaupihuaranga,
provincia de Yanahuanca, departamento de Pasco, se convirtió en la primera zona guerrillera del PCP-SL. Un
año después, en junio, militantes del PCP-SL asaltaron la cárcel de Pasco y liberaron a once presuntos subversivos.
Esta acción formó parte de la «política de fuga» aplicada por el PCP-SL durante esos dos años.
De manera general, las acciones del PCP-SL buscaron abrir zonas guerrilleras y de operaciones y crear
«vacíos de poder». A fines de diciembre de 1982, el propio Abimael Guzmán reconoció que la mayor conquista
lograda durante esos dos años fue la formación de comités populares, verdaderas instancias de poder y
autoridad senderista que reemplazaban a las autoridades del «viejo poder». La respuesta contrainsurgente, en
manos de las Fuerzas Policiales, se redujo a montar operativos policiales sin mayores éxitos.
2.3.2. Expansión de la violencia: 1983 - 1986
Entre 1983 y 1986 la violencia se agudizó en la región y empezó a cobrar numerosas víctimas, sobre todo en
Huancavelica y Tayacaja. Esta situación provocó los primeros flujos de desplazamiento de la población afectada.
Hay dos hechos que ayudan a explicar el incremento de las acciones subversivas y la expansión de los
grupos subversivos hacia otras zonas de la región: por un lado, el ingreso de las Fuerzas Armadas para luchar
contra el PCP-SL en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac a fines de 1982 —y el consecuente desplazamiento
de sus cuadros, dirigentes y militantes hacia otras zonas aledañas como Junín y Pasco—, y por otra parte, la
aparición del MRTA en Junín a fines de octubre de 1984. La declaratoria en estado de emergencia de numerosos
distritos y provincias fue la respuesta de los gobiernos de Belaunde y luego de García ante el avance de la
insurrección del PCP-SL y el MRTA. Esta situación contribuyó a la sistemática violación de los derechos
humanos en las zonas declaradas en emergencia.
En Pasco, Junín y Huancavelica se intensificaron los atentados a las torres de alta tensión, así como los asaltos
a las minas para aprovisionarse de dinamita y a los puestos policiales para proveerse de armamento, previo
«aniquilamiento de las fuerzas vivas de la reacción», es decir, el asesinato de autoridades locales, especialmente
alcaldes, regidores y dirigentes comunales. Asimismo, el PCP-SL cometió las primeras masacres y arrasamientos
de comunidades para sofocar cualquier atisbo de oposición entre los pobladores y comuneros de la región.
En el valle del Mantaro, La Oroya y Tarma, las acciones de propaganda y agitación armada del PCP-SL se
incrementaron de manera ostensible. Asimismo, el PCP-SL no descuidó sus labores de proselitismo y capta-
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