Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
jandro, que liquidó la presencia del MRTA en la provincia de Padre Abad, Aguaytía. La influencia de los grupos
senderistas asociados a los narcotraficantes locales era total.
El narcotráfico y la subversión en Puerto Inca
Durante los años cincuenta y sesenta, la instalación de la empresa maderera y ganadera propiedad del «socio
de Dios», Le Tourneau —de donde proviene el nombre del distrito de Tournavista—, así como de la empresa
petrolera Ganso Azul y de lavaderos de oro, impulsaron la ocupación de la zona de Puerto Inca, a lo largo río
Pachitea. La reforma agraria y la nacionalización del petróleo a fines de los años sesenta frenaron la consolidación
de estas empresas, aunque la construcción de la Carretera Marginal durante el primer gobierno del
presidente Belaunde (1963-1968) siguió alimentando una corriente migratoria que permitió la colonización de
la actual provincia de Puerto Inca.
Como hemos visto, el éxito del narcotráfico y la presión ejercida sobre el tráfico ilícito de drogas en la década
de 1980 en la región del Huallaga permitió a Puerto Inca —flamante provincia del departamento de
Huánuco— ampliar su área cocalera y, por ende, ingresar a la misma dinámica socioeconómica del Huallaga.
Al igual que en otros lugares donde floreció el narcotráfico, los traficantes adelantaban dinero a los agricultores
para financiar la producción y comercialización de la coca —y luego de la droga—, con precios que superaban
ampliamente a los de los productos agrícolas tradicionales. Es decir, el narcotráfico propició el desarrollo
del mercado local y regional de bienes y servicios, y la relación entre narcotraficantes, agricultores,
comerciantes y transportistas originó la articulación de redes sociales y lealtades basadas en relaciones de
parentesco, de origen regional y de vecindad, que involucraron no sólo a productores y compradores sino
también a policías, militares y jueces, vínculos que se reforzaban en reuniones sociales.
Entre 1987 y 1994, la producción y el tráfico ilícito de drogas en Puerto Inca alcanzaron dimensiones extraordinarias,
alterando la organización y el comportamiento social. Los agricultores se encontraron a merced
de las extorsiones y abusos de narcotraficantes, subversivos, fuerzas del orden y jueces, así como de los arreglos
de cuentas entre ellos. Dijimos que el MRTA ejecutó sus acciones subversivas principalmente en la provincia
de Puerto Inca. En efecto, en 1988 una columna de MRTA inició sus actividades subversivas en la provincia
de Puerto Inca; y en 1989 tomó la capital provincial, que ocupó libremente durante casi un año. El
control que ejerció sobre las actividades y el movimiento de la población, así como sus continuas exigencias,
motivaron las ejecuciones extrajudiciales de algunos de sus habitantes y propiciaron diferentes tipos de arreglos
y enfrentamientos entre emerretistas y narcotraficantes. Meses después de esta toma, el PCP-SL incursionó
en la zona y estableció una sangrienta competencia con el MRTA, así como con los narcotraficantes, a fin
de controlar el territorio, la población y la economía de las drogas.
En 1990, en una ofensiva rápida, la Marina de Guerra hizo huir al MRTA de Puerto Inca y luego de algunos
años y de varios incidentes armados logró pacificar la zona. Para ello contó con la colaboración de los
comités de autodefensa que habían formado los pobladores de los distritos y caseríos. También los traficantes
de droga tenían interés en quitarse de encima a la subversión.
Como vimos en el capítulo anterior sobre el Huallaga, la estrategia militar buscaba combatir y aislar la
subversión de los productores de coca y de los traficantes de droga, quienes prosiguieron con sus actividades
tal como demuestran las investigaciones realizadas luego de la captura de importantes narcotraficantes, como
los hermanos Cachique Rivera.
El PCP-SL sigue tras la coca
Desde 1988, con el argumento de defensa de la coca, el PCP-SL empezó sus acciones armadas en la provincia
de Padre Abad: realizó incursiones contra el puesto policial de Aguaytía, convocó constantemente a paros
generales, obstaculizó y controló varios tramos del trayecto carretero entre Pucallpa y Tingo María. El esquema
del Huallaga empezó a aplicarse en Padre Abad: alianza con los agricultores cocaleros, control de la compra
y venta de coca y pasta de cocaína, así como organización de comités de base, ajusticiamiento «enemigos»
y hostigamiento a las fuerzas del orden. Amplios sectores campesinos aceptaron esta propuesta de «nuevo
orden», hartos de los abusos policiales y militares y de las autoridades legales. El ritual del «juicio popular» se
repitió en toda la zona una y otra vez contra «soplones», «indeseables», tenientes gobernadores, agentes mu-
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