Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
de los avances de la «guerra popular» y de la necesidad de acabar con «la continua explotación de los patrones
y el viejo Estado».
Hacia fines de 1987, el PCP-SL obligó a renunciar a las autoridades locales, quienes en algunos lugares siguieron
en funciones en la más absoluta clandestinidad. Por otro lado, las incursiones senderistas a la SAIS
Cahuide se alternaban con el hostigamiento a los puestos policiales ubicados en la zona del Canipaco. Ese
mismo año atacaron el puesto de Chongos Alto hasta lograr el retiro de los policías.
Los sistemáticos ataques contra la unidad Laive, de la SAIS Cahuide, se incrementaron a fines de 1987,
cuando un grupo senderista destruyó el mobiliario y sacrificó un número indeterminado de ganado de raza.
Estas tropelías del PCP-SL ocurrieron en un momento crítico para la SAIS Cahuide. En 1988, la Asamblea
General de Socios discutía sobre el futuro de la empresa mientras negociaba sus propiedades y remataba sus
tierras a precios irrisorios: en una ocasión vendió cuarenta hectáreas por US$ 500. Esta situación era acremente
criticada por los trabajadores, quienes denunciaron una y otra vez la nefasta gestión gerencial.
El PCP-SL pretendió capitalizar el descontento de los trabajadores asesinando a algunos directivos de la
«cúpula», como el gerente de la SAIS —asesinado en Lima— y el administrador, en un paraje muy cercano a
la unidad de producción de Antapongo.
En Chongos Alto, el arribo del «nuevo poder» también data del segundo semestre de 1987, cuando las
mismas columnas del PCP-SL incursionaron de manera reiterada en el distrito para reunir pobladores —en
particular a los más jóvenes— y decirles que «los pobres no debían estar marginados sino alcanzar el poder
para cambiar los rumbos».
Las incursiones y el hostigamiento contra las Fuerzas Policiales continuaron durante los primeros meses
de 1988. Poco tiempo después, la Policía abandonó la zona y se refugió en Huancayo. Del mismo modo, la
consigna senderista de que todas las autoridades renunciasen a sus cargos fue acatada sin oposición. Sin embargo,
las autoridades elegidas se mantuvieron en la clandestinidad hasta 1992: se reunían a escondidas para
evaluar el trabajo de las personas designadas en los cargos de la comunidad.
Como muestra de la rápida expansión de su influencia en la zona, en enero de 1988 el PCP-SL organizó un
encuentro de pobladores de Chongos Alto con el objetivo de implantar un comité popular y designó a los comuneros
responsables. En este encuentro, los comuneros de Chongos Alto solicitaron que los menores de 18
años no participasen en las incursiones senderistas y que se diera libertad a los jóvenes para abandonar el distrito
si lo deseaban. Si alguno de ellos se quedaba por propia voluntad, los comisarios locales serían los encargados
de supervisar su comportamiento. Los mandos de la columna senderista aceptaron el pedido de los pobladores,
pero la vida cotidiana empezó a ser supervisada por las nuevas autoridades. Al parecer, el discurso senderista
caló entre algunos comuneros jóvenes, quienes fueron designados como nuevas autoridades.
Un mes después, los senderistas destruyeron la sucursal del Banco de la Nación ubicada en la capital del
distrito y continuaron con los «juicios populares» contra los adúlteros y abigeos del lugar. Los mandos consultaban
a los comuneros reunidos por el destino del infractor y, en ocasiones, les perdonaban la vida a pedido
de la población.
En el primer semestre de 1988, los militantes del PCP-SL –posiblemente integrantes de la misma columna
que actuó en Chongos Alto– incursionaron en el distrito de Chacapampa. Se trataba de una treintena de hombres
y mujeres armados que llegaron a la plaza principal, y con arengas y disparos al aire, reunieron a los
pobladores para anunciarles que la «guerra popular ardía victoriosa» y que «el partido luchaba por los pobres».
Un pequeño grupo de senderistas ingresó la municipalidad y al local de la Gobernación, e incineró su
documentación en medio de la plaza.
Tiempo después —y siguiendo la misma estrategia—, el PCP-SL amenazó a las autoridades locales de
Chacapampa, quienes renunciaron a sus cargos o huyeron del lugar. El PCP-SL nombró a sus delegados como
parte del «nuevo orden», según el cual cualquier desobediencia a sus reglas se pagaba con la muerte y en
cualquier momento del día la población podía ser convocada para dirimir cualquier problema, sea familiar o
comunal. Los pobladores debían acudir a los mandos senderistas para que solucionasen algunos de sus problemas
y conflictos. En esa época, en el vecino distrito de Huasicancha la columna asesinó a tres personas: una
enfermera, un aserrador y un agricultor.
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