Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
de las cuales diez mil estaban en el Alto Huallaga. Seis años después, en 1986, si nos atenemos a las declaraciones
de los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Tocache (FEDIPT), los cultivos ilegales de
coca, sólo en el Alto Huallaga, alcanzaban 195 mil hectáreas.
En 1980, el ingreso de esta actividad en el país se calculaba que provenía en 97% del comercio de la PBC
bruta, en 0.6% por la PBC lavada, y en 2.4% al clorhidrato de cocaína. Siete años más tarde se calculaba la
PBC bruta en un 13.5%, la PBC lavada en un 80% y el clorhidrato de cocaína en 6.5%. Este crecimiento se
explica por la transformación progresiva de campesinos cultivadores de coca en campesinos dedicados a la
maceración de pasta básica.
En determinado momento, investigadores y periodistas denominaron al fenómeno de las drogas y la violencia
en el Alto Huallaga como la «tocachización» —término tomado de lo sucedido en el pueblo de Tocache, de la
selva alta— porque afectaba la estructura agraria, alterando todo el proceso económico regional con gran parte
de los suelos cubiertos por coca. Es decir, se producía un proceso de sustitución contrario a lo programado por el
Estado: la coca reemplazaba a los productos alimenticios y comerciales de tipo legal. Pero no sólo la estructura
económica regional era distorsionada, sino que el edificio social y cultural también sufría las consecuencias.
En términos generales, el resultado de las medidas orientadas a la interdicción del narcotráfico no fue óptimo
por varios factores, descritos extensamente en los estudios de la CVR (véanse estudios sobre narcotráfico
de la CVR). Los fracasos llevaron a adoptar medidas coercitivas que sirvieron de propulsores de la muerte,
por un lado, y a la desestabilización del Estado por otro, lo que en un inicio permitió a los subversivos obtener
apoyo social y relativo éxito en zonas donde la coca y el narcotráfico, junto con la corrupción de la burocracia
estatal y la ineficacia de los programas de desarrollo alternativo, creaban las condiciones para que los subversivos
vendiesen su teoría de violencia a cambio de «un nuevo orden y justicia social» .
En 1983, el diputado por Tingo María de los registros de Acción Popular, Reynaldo Rivera Romero, fue
desaforado del Congreso de la República luego de comprobarse sus vínculos con el narcotráfico. Cuando
fue asesinado el dirigente cocalero Tito Jaime Fernández, en abril de 1984, la defensa de la coca perdió un
dirigente importante.
Tito Jaime, ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, fue presidente
del Rotary Club e integrante de la Logia Masónica. En su condición de gran cocalero, asumió la lucha por la
defensa de la coca desde 1978. Luego de su muerte, algunos dirigentes afirmarían que tuvo una especie de
«pacto secreto con el PCP-SL», al que habría servido, por temor, como nexo con algunos narcotraficantes para
la captación de cupos. Dirían también que una parte de los aportes que miles de cocaleros entregaban a la
asociación eran entregados a los subversivos desde 1980. Esta versión fue afirmada, entre otros, por el dirigente
cocalero y alcalde de Pumahuasi, Víctor Piñán Verde —de los registros del PAP— meses antes de ser, a su
vez, asesinado por el PCP-SL el 20 de septiembre de 1984 por negarse a seguir entregando «aportes para la
lucha armada», aportes que, luego del asesinato de Jaime Fernández, se habrían reducido a cero.
En 1984 tuvo que suspenderse la erradicación de plantíos de coca por los peligros contra el personal del
CORAH y los problemas que ocasionaba entre la población: abusos, robos, corrupción y, sobre todo, la incapacidad
para generar actividades económicas alternativas. En resumen, la erradicación de los cocaleros, los
crecientes niveles de inseguridad ciudadana y la falta de un poder efectivo del Estado facilitaron el ingreso de
los cuadros senderistas a la región.
Violencia cocalera y violencia subversiva
Según algunos testimonios, el PCP-SL inició su actividad sediciosa en la zona del Huallaga a mediados de
los setenta, haciendo proselitismo en centros educativos con el objetivo de captar adeptos. Los primeros
docentes que fueron ganados por la prédica insurgente de Abimael Guzmán pertenecían al colegio Gómez
Arias Dávila, al Instituto Nacional Agropecuario, al colegio nacional Inca Wiracocha y a algunos otros centros
educativos primarios de Tingo María y otras ciudades menores. El colegio Gómez Arias Dávila fue
utilizado —combinando el convencimiento, la presión y las amenazas— como centro de adoctrinamiento,
reglajes y planificación de acciones subversivas. La influencia del PCP-SL era tal, que en una ocasión, en
pleno día —y desafiando a las fuerzas de seguridad— algunos de sus militantes realizaron una reunión
proselitista con la asistencia de alumnos y profesores. La osadía adquiere mayores visos si recordamos que
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