Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
Entre 1988 y 1990, los planes del PCP-SL de «Desarrollar bases en función de la conquista del poder» y de
«Construir la conquista del poder» iniciaron una nueva ofensiva nacional en busca del «equilibrio estratégico».
Entre otros objetivos, pretendían contrarrestar la expansión de los comités de autodefensa civil y aprovechar
el repliegue de algunas bases militares y policiales. En 1990, por ejemplo, cuando se retiraron los puestos
policiales de los distritos de Huambalpa, Carhuanca y Vischongo, inmediatamente el PCP-SL organizó incursiones
en estos poblados. El ligero repunte de la violencia en esta zona entre 1987 y 1992 fue de menor magnitud
que en la ciudad de Huamanga o en la zona del río Apurímac. Las provincias de Víctor Fajardo y Vilcashuamán
parecen ser el epicentro de este último capítulo del proceso de violencia en la zona I en 1992.
El final de la violencia: 1992-2000
Si bien los CAD en esta zona se organizaron en pocas comunidades, el PCP-SL perdió buena parte del apoyo
de la población local luego de recibir duros golpes en su red organizativa. Además, con su escasa capacidad
de fuego se vio impedido de hacer frente a la abrumadora superioridad de las patrullas militares. Por lo tanto,
es posible afirmar que en esta zona, antes que la acción de los CAD, la derrota del PCP-SL provino de los operativos
realizados desde las numerosas bases contrasubversivas instaladas en estas provincias del centro de
Ayacucho. Quizá en ninguna otra zona, salvo en las alturas de Huanta y en algunos espacios del río Apurímac,
se encuentren tantos arrasamientos de poblados enteros hechos por el PCP-SL y por las fuerzas militares:
Pujas, Umaru, Acomarca, Cayara, Huancasancos, Lucanamarca, son sólo algunos de los nombres más conocidos
de una larga lista de asesinatos colectivos que aceleraron una emigración masiva de sus pobladores.
A la constante presencia de las Fuerzas Armadas y Policiales, que hacían patrullajes sostenidos desde
numerosas bases contrasubversivas instaladas en la zona, en 1992 se sumaron la captura de Abimael Guzmán
y la creación de algunos CAD tardíos. A fines de 1992, el PCP-SL estaba militarmente derrotado, lo que se
acentuó con los acuerdos de paz propuestos al gobierno por Guzmán, aunque en la selva del río Apurímac-
Ene la facción de ‘Feliciano’ –«SL Rojo»– mantuvo su intención de continuar la lucha armada.
Al parecer, mientras ‘Feliciano’ se resguardaba en la selva de los militares, cuadros senderistas de su facción
fueron enviados a la zona de Vilcashuamán para intentar recomponer las bases de apoyo del comité zonal
Cangallo-Fajardo. Así, la guerra continuó a través de algunos episodios sangrientos. Destaca el asesinato
de quienes intentaban organizar los CAD en sus comunidades y los retornantes que intentaban romper todo
vínculo con el PCP-SL, estableciendo relaciones estrechas con el Ejército y el Estado a través del apoyo a obras
de infraestructura. Así, en 1995 Miguel Rivera –líder de la comunidad de Pujas, aquella que participó en el
asalto del PCP-SL al fundo Ayzarza en 1980– murió asesinado, y otros comuneros que empezaron a formar un
CAD que transportaba autoridades de Huancasancos –y sus custodios militares– volaron por los aires en las
alturas de esa provincia: murieron diecisiete personas.
El 19 de junio de 1992, en el paraje de Challhuamayo, ocurrió una de las emboscadas más sangrientas en
esta zona, cuando fue dinamitado un vehículo de la municipalidad de Huancasancos en el que viajaban diecisiete
personas, entre ellas el alcalde gestor del proceso de provincialización de Huancasancos, el subprefecto,
el fiscal provincial, el juez de paz, el gerente de la microrregión, el conductor, un capitán del Ejército y diez
soldados que brindaban seguridad a las autoridades. Todos perecieron en el acto. Este hecho de violencia,
junto con el asesinato por el PCP-SL, al mes siguiente, de ocho personas en la comunidad de Pallcca, fue uno
de los últimos. Casi como el epílogo aislado de un ciclo de violencia cerrado dos años atrás, en junio de 1994
se registró el asesinato por el PCP-SL de Manuel Barrientos García, alcalde de Sacsamarca.
Además de los acuerdos de paz propuestos por Guzmán, las normas que facilitaban el arrepentimiento,
las acciones militares y las de los CAD, debemos reconocer al final del ciclo de violencia en esta zona el papel
jugado por los retornantes, agredidos también por el PCP-SL, sobre todo en 1992. Éstos fueron importantes
agentes de cambio, pues además de convertirse muchos de ellos en integrantes de los CAD, realizaron trámites
para que el Estado incrementase su presencia en la zona a través de programas sociales e inversiones en
infraestructura básica, como construcción de postas médicas, refacción de colegios, etcétera. Si la marginación
de las comunidades de esta zona fue una de las principales razones para que el PCP-SL obtuviera una importante
adhesión a su propuesta de nuevo orden, al final del ciclo de violencia las demandas al Estado eran casi
las mismas de siempre, pero los demandantes eran ahora, además, víctimas del conflicto armado interno.
TOMO IV PÁGINA 56