Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
Las muertes continuaron en Usibamba, donde en distintas fechas de ese mismo año fueron asesinados los
comuneros Aquilino Samaniego, César Damián Macha y Juan Inga, mientras que Pedro Canchumanya Mananí,
Amando Aquino Macha y Carlos Damián Damián fueron secuestrados por los senderistas. En el anexo de
San Blas, los subversivos congregaron a los comuneros en la Escuela Estatal de Menores y realizaron un «juicio
popular» que concluyó con el asesinato de Vidal Paredes Ballasco, presidente de la comunidad. El mismo
día, otro grupo de senderistas incursionó en el anexo de Angasmayo y asesinó a un ingeniero apellidado Maraví,
que trabajaba en el proyecto Coyllor, y al propietario del único restaurante del lugar.
Uno de los últimos asesinatos ocurrió dos años después, el 5 de mayo de 1991, cuando cinco personas encapuchadas
ingresaron a la casa de Emiliano Inga Quispealaya, ex teniente gobernador de Quero, a quien
torturaron y luego asesinaron de cinco balazos. La víctima era presidente del proyecto de irrigación Alwin.
Esta ola de asesinatos y destrucción de las unidades productivas de las SAIS, así como de la infraestructura
pública y de muchas propiedades particulares, obligó a muchos comuneros a rematar los bienes comunales,
repartiéndose el dinero y los animales restantes para retirarse hacia la capital de la provincia o del departamento.
El mejor ejemplo de este éxodo lo encontramos en Quero, donde del total de 210 comuneros sólo
quedaron veinticinco.
La acción militar y las rondas: 1989-1992
El éxodo de comuneros se inició en 1987 pero se acentuó en 1989, a medida que la violencia se incrementaba.
Ese mismo año se desplegó una ofensiva militar y policial que ejecutaba acciones punitivas basándose en la
información acumulada por los agentes de inteligencia desplegados en la zona.
El MRTA como coartada
En 1989, tanto la Policía como el Ejército ingresaron a la zona de manera esporádica, intentando contrarrestar el
avance senderista. En estas incursiones iniciales utilizaron —según todos los indicios acumulados— la estrategia
de presentarse como militantes del MRTA, organización que no tuvo presencia en la zona ni realizó nunca una
incursión en ella y cuyos métodos, además, diferían mucho de los «ajusticiamientos» que hubo en Cunas.
En efecto, el día 30 de octubre de 1989, en el anexo de San Pedro de Sulcán, personas vestidas de paisanas
—al parecer policías— ingresaron al anexo y realizaron pintas a favor de la lucha armada, afirmando ser integrantes
del MRTA. La mayoría de los comuneros se encontraba en una faena comunal en un lugar ubicado a 4
km de distancia. Los supuestos integrantes del MRTA congregaron a los pocos comuneros que quedaban en el
pueblo —en su mayoría ancianos y niños— a un costado del colegio secundario San Pedro. Luego los encerraron
en la iglesia de la localidad y pretendieron quemarlos vivos. Sin embargo, la falta de combustible hizo que
desistieran de su propósito. Del grupo de comuneros congregados, fueron separados Lopecino Calixto Inga,
Magno Inga Mucha, Dacio Castillo y Justo Inga Inga, quienes poco después fueron asesinados. Los presuntos
emerretistas indagaron por Justo Inga Lazo, pero encontraron a Justo Inga Inga, estudiante del instituto San
Agustín de Cajas, quien fue asesinado. Justo Inga Lazo —capturado posteriormente— purga una condena de
veinte años por delito de terrorismo y traición a la Patria.
La coartada contrasubversiva de utilizar el nombre del MRTA tuvo su ejemplo mayor en la zona el 4 de noviembre
de 1989, día en el cual alrededor de treinta personas fuertemente armadas y con el rostro cubierto con
pasamontañas tomaron la capital de San Juan de Jarpa, donde ingresaron desde diversos puntos dando vivas al
MRTA. De inmediato, reunieron a los pobladores en la plaza de armas. Una vez reunidos los separaron en pelotones
de hombres, mujeres, niños y ancianos. Uno de los encapuchados, con una lista en la mano, llamó por su
nombre a varios comuneros. Entre los nombrados figuraban Nicolás Reyes Pariona, el profesor Simeón Clemente
Salvatierra, Uberto Macha Solano, Isidora Solano Carhuamaca y Román Quispe Solano, agente municipal del
barrio La Unión. Los cinco fueron introducidos en la casa de Pelayo Yauri Hinostroza, ubicada en la plaza principal.
A los demás se les ordenó que se tendieran en el piso. Tiempo después, los encapuchados abandonaron la
casa donde fueron asesinados los comuneros detenidos. Mientras esto ocurría, otros encapuchados saqueaban
las tiendas del lugar. Los comuneros presumen que los atacantes eran militares, porque todos, sin excepción,
«tenían porte militar», estaban armados con el mismo tipo de fusil y uno de ellos fotografiaba lo que ocurría en
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