Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
operativo Verde Mar I, con pocos resultados en cuanto a la destrucción de cocales y secadoras, pero con lamentables
consecuencias en cuanto a la aplicación de métodos violentos, que llevaron a la vulneración de derechos
elementales de las personas por las fuerzas policiales, la Marina de Guerra y agentes de la DEA estadounidense.
En marzo de 1980, durante el paro de 48 horas, miles de campesinos se encontraban en la ciudad de Tingo
María cuando aterrizaron en el aeropuerto aviones y helicópteros de la Policía y la Fuerza Aérea. De ellos descendieron
aproximadamente quinientos hombres armados «hasta los dientes», según relata una pobladora que
se encontraba conformando un piquete en el puente Córpac: «Al verlos totalmente armados, como en las películas,
y nunca antes lo habíamos visto, nos dio miedo». «Pasaron junto a nosotros y tomaron la avenida Raimondi
(vía principal), que estaba llena por cientos de cocaleros huelguistas y pobladores de la ciudad como curiosos;
llevaban armas de todo tipo, y algunos decían son los sinchis y otros aseguraban que eran los marinos. Cargaban
mochilas y aparatos que después supimos eran lanzallamas». «Nadie hacía nada, todos estábamos como paralizados
ante tal demostración de fuerza y poder [...] Después comprobamos que esos hombres armados nos declararon
la guerra a los campesinos cocaleros; cortaron nuestras plantas de coca, dinamitaron las secadoras, robaron
nuestros bienes y violaron a algunas mujeres; los fiscales no hicieron nada ante nuestras denuncias», agrega
con el rostro compungido, como si los hechos vividos la hubieran marcado por siempre.
Durante el Operativo Verde Mar II, los abusos se hicieron mayores y se detuvo a cientos de agricultores
acusados por narcotráfico, exigiendo a los que tenían grandes extensiones que erradicaran sus cocales y plantaran
otros cultivos como una señal de arrepentimiento; sólo luego de ese compromiso los liberaron, no sin
antes iniciarles procesos judiciales. La dirigencia en pleno, con excepción del secretario general, fue recluida
en los ambientes de la PIP, donde hoy funciona el complejo policial.
En 1982, miles de campesinos cocaleros de Chinchao, Monzón, Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad se
trasladaron a la ciudad de Tingo María para iniciar una huelga indefinida el 25 de noviembre, acordada en un
pleno ampliado de dirigentes realizado en octubre en el coliseo «El gallo Giro», de propiedad de Hernán Malpartida
Palacios, comerciante y productor de coca. La consigna era «más vale morir de pie que vivir de rodillas»,
y la lucha sería, según la organización, «hasta las últimas consecuencias».
El pedido principal era la reanudación del comercio legal de la coca a través de la Empresa Nacional de la
Coca (ENACO) porque, inexplicablemente, el gobierno de Belaunde Terry, al término del plazo establecido
por los artículos 1 y 9 del decreto ley 22927 del 4 de marzo de 1980, prohibió la compra de la coca por la
ENACO desde 1981, con lo cual la situación de los productores de coca se agravó. Luego de once días de
huelga, el gobierno derogó esos artículos, con lo cual se restituyó el comercio legal de la coca.
Esta prohibición tuvo un efecto contrario, pues durante casi dos años la coca fue a parar al mercado negro
a precios bajos, con lo cual la producción y comercio de derivados de la coca tuvo un crecimiento sostenido y
espectacular que, incluso, llevó a algunos analistas a relacionar al gobierno con el narcotráfico, beneficiario
directo de los dispositivos legales. En algunos casos incluso se rebajaron las penas a narcotraficantes presuntamente
relacionados con políticos del régimen.
En mayo de 1982, una comisión investigadora del narcotráfico del Senado, integrada entre otros por el ex
ministro de la presidencia Nicanor Mujica Álvarez Calderón, el senador Alfonso Ramos Alva, los políticos
Ricardo Monteagudo y Fernando Calmell del Solar, emitió un informe sobre el problema de la coca y el narcotráfico,
concluyendo que el problema era no tanto policial o delictivo cuanto estructural, y tocaba en su devastador
impacto toda la estructura de la sociedad y sus valores.
A la luz de los resultados obtenidos en la lucha contra las drogas, puede concluirse que el negocio del narcotráfico
—aunque con altibajos— siempre se mantuvo, no obstante el descubrimiento de aeropuertos clandestinos,
el decomiso de miles de kilos de pasta básica, de pasta básica de cocaína lavada y de clorhidrato de cocaína,
o la captura y destrucción de avionetas, armas, laboratorios e insumos de procesamiento de drogas desde 1979.
Lo logrado no es más que un pequeño referente para una actividad multinacional que, según todas las evidencias,
moviliza un promedio de cien mil millones de dólares anuales —es decir, una industria tan grande y poderosa
como el petróleo— que durante décadas tuvo sus áreas de producción de materia prima en el Perú y Bolivia,
su centro de procesamiento industrial en Colombia, y su gran mercado de consumo en Estados Unidos.
En los años ochenta, según el informe de la Comisión Investigadora del Senado, la superficie cultivada de
coca en forma legal en el país era de 17,862 hectáreas, mientras que la ilegal alcanzaba cincuenta mil hectáreas,
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