Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
Un aspecto igualmente importante fue la progresiva atención de las necesidades y reclamos de los pueblos
en pobreza y afectados por la violencia a través de programas sociales como el Programa Nacional de
Desarrollo Alternativo (PNDA), conducido por Contradrogas desde 1994. Estas medidas, en conjunto, contribuyeron
a reducir la subversión a su mínima expresión. No obstante, no debe pasar desapercibido que en esta
etapa también se produjeron graves violaciones a los derechos humanos y sonados actos de corrupción que,
no obstante haber sido denunciados, no merecieron investigación ni sanción alguna.
Otra medida de la nueva estrategia consistió en ofrecer recompensas por la entrega —vivos o muertos— de
los principales líderes del PCP-SL que operaban en la zona, ante la imposibilidad de ubicarlos y capturarlos.
El arrepentimiento masivo en el Alto Huallaga
La nueva ofensiva militar incluyó grandes operativos, como el del «bolsón Cuchara» en 1992, al parecer más
demoledor para el PCP-SL por las pérdidas de combatientes que sufrió que el posterior operativo «Aries», de
abril de 1994. A la par que esta ofensiva militar, el golpe más duro contra los grupos subversivos fue la llamada
Ley de Arrepentimiento, que concedía a los «alzados en armas» y a sus colaboradores, voluntarios o involuntarios,
la opción de arrepentirse y reintegrarse a la vida legal.
El comunicado oficial 22 del frente Huallaga, de fecha 20 de junio de 1992, daba cuenta de que el gobierno
había promulgado el decreto ley 25499, en el que se establecían los términos dentro de los cuales se consideraba
una serie de beneficios a los incursos en el delito de terrorismo que se arrepintieran. Éstos incluían la
reducción y, en algunos casos, la extinción de la pena. Culminaba haciendo una invocación a las personas que
se encontraban comprometidas con los movimientos subversivos para que depusieran su actitud y se entregaran
a las autoridades o a las bases militares, porque de ello dependía su seguridad y la de sus familiares, que
estaba plenamente garantizada, y de esta manera «lograr su reincorporación a la sociedad como personas
dispuestas a contribuir al logro de la pacificación nacional y vivir dentro del marco de la ley» (ver estudio en
profundidad sobre la estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga).
En el proceso de aplicación de la Ley de Arrepentimiento se cometieron excesos y hubo sesgos de tipo político.
Por ejemplo, en la provincia de Leoncio Prado se creó un gran problema en torno a los arrepentidos, debido a
que alrededor de cuatro mil campesinos acudieron a empadronarse en forma masiva en las municipalidades de
Daniel Alomía Robles, Mariano Dámaso Beraún y Hermilio Valdizán. Se registraron largas colas para recibir una
contraseña del propio alcalde, quien hacía las veces de empadronador, justificando esta acción porque a su entender
todos los agricultores, de forma directa e indirecta, participaron en las acciones subversivas. Los campesinos
se empadronaron como arrepentidos en forma masiva para evitar ser objeto de la represión y para acogerse
a los programas de ayuda social, según las declaraciones de los alcaldes Watson Chagua de Daniel Alomía
Robles, Francisco Esteban Peña de Hermilio Valdizán, y Alfonso Mendieta de Mariano Dámaso Beraún.
Según los alcaldes de los distritos de Daniel Alomía Robles y Hermilio Valdizán, ellos habían registrado
unos cuatro mil arrepentidos, mientras que en los concejos distritales de Dámaso Beraún y José Crespo y Castillo
se manejaban cifras de dos mil quinientos y dos mil arrepentidos, respectivamente, lo que daba un subtotal
de 8,500 personas que se acogieron a la Ley de Arrepentimiento. A ellas debemos sumar mil quinientos
arrepentidos por cuenta del comité de autodefensa del distrito de Padre Felipe Luyando. Grosso modo, sólo en
la provincia de Leoncio Prado se habrían registrado como arrepentidas diez mil personas del área rural.
El fiscal Carlos Gonzales Ortiz, designado fiscal ad hoc para casos de arrepentidos, dijo que tenía conocimiento
de tres mil personas que se acogieron a la Ley de Arrepentimiento, cifra que coincide con la que manejaba
la jefatura contra el terrorismo, cuyo jefe adelantó que sólo un 10% serían militantes del PCP-SL, y 90%
campesinos que se vieron obligados a colaborar o a asistir a las asambleas subversivas.
Para muchos resultó evidente el manejo político del caso de los arrepentidos, por las presentaciones continuas
ante la prensa nacional y extranjera del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
general Nicolás Hermoza Ríos.
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