Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
ven de Ventanilla, mientras que a fines de mes un dirigente del asentamiento Fraternidad quedó herido, tras
un segundo atentado senderista contra su vida.
Es importante destacar que uno de los principales «depósitos de salud» del PCP-SL fue intervenido en la
asociación de vivienda 2 de Agosto, en la operación Hipócrates de la Dircote, el 26 de febrero de 1992. En esa
oportunidad capturaron a diversos miembros de la célula de la dirección de salud del PCP-SL, muchos de
ellos estudiantes de San Marcos. Estas capturas fueron posibles a partir de la detención de Tito Valle Travesaño,
Yovanka Pardavé y Víctor Zavala Cataño, integrantes de la célula de dirección de Socorro Popular del
Perú, el 22 de junio de 1991.
Como vimos en capítulos anteriores, los noventa también fueron el escenario en el que reaparecieron los
grupos paramilitares en el país, responsables en la zona Norte de cuatro asesinatos en Carabayllo en noviembre
de 1991 y de otros cuatro en Comas el 6 de febrero de 1992. Es probable que el asesinato de Pedro Huillca,
en diciembre de 1992, fuera ejecutado por miembros del grupo Colina. En esos días, la violencia parecía declinar
en lo que respecta a la cantidad de atentados, pero se intensificaban las víctimas, en medio de condiciones
que muchos denunciaron como el traslado de la «guerra sucia» del campo a la ciudad —particularmente a los
conos populares— con una creciente militarización del conflicto.
Como vemos, el trabajo efectivo de inteligencia de la Policía no descartaba el accionar indiscriminado de las
Fuerzas Armadas ni las operaciones selectivas del grupo Colina, pero a pesar de esta respuesta contrainsurgente,
en febrero de 1992 Lima Metropolitana concentraba el 65% de las acciones subversivas en todo el país, de las
cuales casi el 28% se realizaron en la zona Norte, es decir, el segundo lugar en intensidad de actos terroristas. En
esa época, el PCP-SL convocaba a un paro armado para el 14 de febrero, día en que se llevaron a cabo veinticinco
atentados, de los cuales el más espectacular fue la voladura de un camión portatropa de la Policía en Comas.
La población frente a la intensificación de la violencia
Frente a la violencia, surgieron diferentes respuestas de los partidos, la iglesia, las ONG locales y la población.
Los comités locales partidarios se manifestaron en los denominados Foros por la Vida y la Paz. La ONG
CIPEP, que operaba en Independencia y Carabayllo, organizó charlas sobre la violencia, conjuntamente con
las parroquias y el foro Perú Vida y Paz, en 1987. Para entonces, el recrudecimiento de la violencia también
intensificó el temor en la población: durante el segundo foro, organizado en 1990 con el apoyo de la Conferencia
Episcopal, la concurrencia fue muy limitada.
El 1 de diciembre de 1991, varias organizaciones barriales de los distritos del Cono Norte realizaron una
marcha por la paz en rechazo de la violencia, en momentos en que el gobierno de Fujimori establecía duras
medidas represivas contra la población mediante rastrillajes y operativos policiales selectivos. Fueron momentos
de suma tensión para los dirigentes barriales, así como para los alcaldes distritales, ubicados en una
difícil situación entre la presión de los grupos subversivos, la necesidad de autodefensa y una difícil convivencia
con las fuerzas del orden.
Al reducirse la presencia subversiva en la zona, se establecieron relaciones clientelares entre los dirigentes
y el fujimorismo, mientras que los partidos de izquierda perdieron influencia en la zona y los programas de
proyección social de la iglesia no alcanzaron capacidad suficiente para abarcar toda la comunidad. La ONG
Alternativa promovió comités de derechos humanos en Condevilla, Naranjal, y el asentamiento humano Bocanegra,
en el Callao. Dichas actividades buscaban reforzar las organizaciones concebidas como mecanismos
de defensa frente a la violencia. También se organizaron actividades y denuncias frente a las levas forzosas,
pues generaban el temor de la población, en especial de los pobladores de Bocanegra, quienes rechazaron
tanto las medidas de los grupos subversivos como de las fuerzas del orden, aunque finalmente el grupo tuvo
que retirarse frente a las crecientes amenazas contra los dirigentes de la directiva central.
Las propuestas de paz estaban orientadas a la mejora de las condiciones de vida y a la mayor participación
de los jóvenes. En Los Olivos, la Pastoral Juvenil cumplió la función de muro de contención frente al radicalismo
de algunos jóvenes, que acusaban a las instituciones de derechos humanos de servir de «colchón» al gobierno.
Por el lado de los dirigentes de organismos de supervivencia, en general no hubo una amenaza directa
contra sus actividades, pero en los noventa la presidenta de la Comisión Nacional de Comedores, Rosa Lan-
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