Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
según fuentes oficiales, de los cuales el MRTA sólo reivindica a 42. Con esta acción, el patrullaje militar implantado
con la instalación del Ejército en el valle lograba un golpe capital al MRTA.
De otra parte, la declaración del estado de emergencia coincidió con la puesta en marcha del «Plan de
desarrollar bases en función de la conquista del poder», del PCP-SL, entre agosto de 1989 y agosto de 1992.
Este plan proponía la ampliación de las zonas guerrilleras y de operaciones, la expansión y consolidación de
los comités populares y el tránsito a una segunda etapa de la «guerra popular»: la del equilibrio estratégico.
En consecuencia, las acciones de hostigamiento y los asesinatos de integrantes de las fuerzas del orden y autoridades
locales, el asalto a puestos policiales, emboscadas y enfrentamientos con el Ejército, así como las acciones
de sabotaje y propaganda armada, aumentaron a partir del segundo semestre de 1989.
El 16 de junio de 1989, un grupo de subversivos del PCP-SL atacó el puesto policial del distrito de Huaripampa,
en Jauja. En la refriega murieron dos policías y Teodoro Santos Mejía, párroco del lugar. El 7 de noviembre
de 1989, otro grupo de militantes del PCP-SL asaltó el puesto policial de la ciudad de La Oroya. En
esta acción, tres policías quedaron heridos.
Durante este período, los asentamientos humanos ubicados en los alrededores de la ciudad de Huancayo
fueron objeto de operativos de fuerzas combinadas de la Policía y el Ejército. El objetivo era detener a presuntos
militantes de los grupos subversivos que operaban en estos asentamientos, pues desde tiempo atrás, tanto el
MRTA como el PCP-SL procuraban captar simpatizantes en esos espacios marginales y, tal como explicamos en
el caso de la selva central y del Tulumayo, también se generaron pugnas entre ambos grupos subversivos por
ganar hegemonía en estos asentamientos humanos de la ciudad de Huancayo. Pero a raíz de los sucesos ocurridos
en Molinos en abril de 1989, el trabajo urbano del MRTA se debilitó, y el PCP-SL aprovechó el terreno cedido.
En esas circunstancias se produjo el asesinato de Luis Aguilar Romaní, presidente del asentamiento humano
«Justicia, Paz y Vida» –uno de los más importantes de Huancayo por su densidad demográfica– y catedrático de
la Universidad Nacional del Centro del Perú, cometido por militantes del PCP-SL el 18 de julio de 1989.
El otro escenario en el cual se apreció el declive del MRTA fue la Universidad Nacional del Centro del Perú,
pues algunos de sus militantes universitarios fueron enviados al campo para retomar el trabajo político y militar
que habían estado desarrollando otros hasta la derrota sufrida en Molinos. Esta circunstancia fue aprovechada
por los militantes del PCP-SL para incrementar con mayor libertad su intensa labor de agitación y propaganda
armada y cometer los primeros asesinatos contra estudiantes dentro del campus universitario, como el que dejó
como saldo tres universitarios muertos, el 28 de abril de 1989. Comenzó entonces la represión selectiva de integrantes
de la comunidad universitaria por las fuerzas del orden. En 1990, integrantes de la comunidad universitaria
presuntamente vinculados con el PCP-SL empezaron a ser desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente.
Un hecho que impactó en la opinión pública fue la detención de Jaime Cerrón Palomino, vicerrector de la UNCP,
junto con su chofer Armando Tapia, el 8 de junio de 1990. El 19 de junio, sus cuerpos sin vida y con visibles huellas
de haber sido torturados fueron encontrados en un lugar conocido como Tierra Blanca, en la ciudad de
Huancayo. Este tipo de crímenes continuaron durante los meses y años siguientes, sumando decenas los estudiantes
universitarios, docentes y trabajadores que fueron asesinados por grupos paramilitares.
Al igual que en las elecciones municipales anteriores, los militantes del PCP-SL intentaron boicotear las
elecciones municipales de noviembre de 1989 y las presidenciales de abril de 1990. Sin embargo –salvo en
algunos alejados distritos de las provincias de Jauja, Concepción y Huancayo– no lograron su cometido.
Los sabotajes de mayor envergadura a la producción minera se ejecutaron en 1989, cuando militantes del
PCP-SL destruyeron varias locomotoras e importantes instalaciones de Centromin Perú. En un documento
fechado en mayo de 1990, el comité central del PCP evaluaba el impacto de estos sabotajes:
Siguen cumpliendo papel muy importante, golpeando duramente la economía peruana que se desenvuelve en las
peores condiciones, en la más profunda crisis de nuestra historia. Sabotear la acción minera tiene mucha trascendencia
porque el mayor porcentaje de ingreso de divisas proviene de esta actividad; golpea directamente al Estado
peruano porque a más de crearle problemas son golpes que recibe en su propia actividad económica estatal,
ejemplo, Centromin (Elecciones No! Guerra Popular Sí! 1990).
Pero además de esta apología de sabotajes, el PCP-SL no cejó en sus «aniquilamientos» de autoridades: el
22 de mayo de 1991, en Huasahuasi, Tarma, cayeron victimados por una columna senderista la monja Irene
Mc Cormack, al presidente de la comunidad Pedro Pando, al ex teniente alcalde Alfredo Morales y al dirigen-
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