Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
las víctimas, el PCP-SL aparecía en el tercer lugar y los meses de su mayor actividad subversiva fueron febrero,
julio y noviembre, con el despliegue de una oleada de acciones en la capital que buscaban garantizar los paros
armados a los que había convocado. Una de las acciones más sanguinarias en esos paros fue el asesinato de
taxistas, muchos de los cuales eran quemados vivos en sus vehículos. En el ámbito metropolitano, la mayor cantidad
de civiles muertos pertenecía al sector de los dirigentes populares, con un total de veintisiete dirigentes
vecinales muertos, cinco dirigentes políticos locales, siete ex dirigentes, tres sindicalistas y 73 pobladores de distintas
ocupaciones. Como se ha recalcado en otras zonas de Lima Metropolitana, estas acciones y procedimientos
subversivos se enmarcaban dentro del plan del PCP-SL de lograr el llamado «equilibrio estratégico».
Los aparatos centrales del PCP-SL
La Dirección Central del PCP-SL, desarticulada con la captura de Guzmán en septiembre de 1992, estaba conformada
por el buró político y el comité permanente (ver estudio de la CVR sobre el PCP-SL). Era responsable
de elaborar las directivas del partido, que llegaban a los comités y aparatos centrales a través del Departamento
de Apoyo Organizativo (DAO) que funcionó hasta junio de 1990 en Monterrico Norte, fecha en que fue
allanado por la Policía. La Dirección Central, dirigida por Guzmán, estaba ubicada en Chacarilla del Estanque.
Ambos inmuebles estaban a sólo cinco minutos de distancia. Como resultado del allanamiento del DAO se
conoció la verdadera presencia del estado mayor senderista en Lima. Entre los documentos incautados se
halló información que permitió la detención de miembros operativos del Grupo de Trabajo Especial (GTE) y
del Grupo de Apoyo Partidario (GAP).
El GAP empezó a actuar con grupos que dependían directamente de la Dirección Central. A mediados de
1985, se conformó un organismo que se desarrolló en la ciudad como parte del Movimiento Revolucionario de
Defensa del Pueblo (MRDP). Al caer el DAO, el GAP contaba con una organización clandestina muy compleja
y con tres redes de trabajo en la ciudad: una red de locales, la red de recojo, almacenamiento y distribución de
propaganda, y la red de economía e inteligencia. Algunos analistas aseguran que el manejo de los depósitos
de propaganda del PCP-SL era más importante que manejar el Ejército Guerrillero Popular.
Por su parte, Socorro Popular (llamado SoPo en los documentos de PCP-SL) contaba con una estructura
muy compleja y, a partir de su militarización, desde 1986, llegó a desplazar al comité metropolitano en importancia
y se expandió, sin dejar de cumplir sus funciones iniciales, abocadas a las áreas de salud y defensa. Casi
siempre actuaba a través de sus «organismos grises» o «de fachada», como la Asociación de Abogados Democráticos
y el Comité de Familiares de Presos Políticos. En cinco años, bajo la jefatura de Yovanka Pardavé, esta
organización se convirtió en uno de los aparatos centrales claves del PCP-SL en Lima. Luego de la captura de
Pardavé, conjuntamente con Tito Valle Travesaño y Víctor Zavala Cataño, en junio de 1991, la célula fue recompuesta
y su dirección fue asumida por la abogada Martha Huatay, quien finalmente fue capturada en
octubre de 1992, lo que obligó a SoPo a nuevas —pero frágiles— recomposiciones.
La estrategia contrasubversiva
Es necesario destacar que, entre 1980 y 1990 se llegó a declarar el estado de emergencia en el departamento de
Lima seis veces desde la primera vez, el 9 de marzo de 1983, y hasta veintinueve veces en Lima Metropolitana.
También se instauró el toque de queda sucesivas veces desde febrero de 1986, casi simultáneamente con los
estados de excepción.
En marzo de 1981, se había promulgado el decreto ley 046, que tipificaba el delito de terrorismo y establecía
penas contra quienes incurrieran en él. Varios dirigentes populares fueron detenidos merced a este dispositivo
legal. Sin embargo, fue en los noventa cuando, a través de una serie de decretos que estableció el régimen de
Fujimori y por los cuales se establecía la centralidad de los trabajos de inteligencia, se hizo posible la captura de
los mandos subversivos del PCP-SL y el MRTA. Por otra parte, con dicho gobierno se inició un proceso de control
y militarización de los espacios universitarios, con dispositivos que violentaban flagrantemente la autonomía
universitaria, mientras se consideraba a los penales como escuelas de formación de terroristas.
Para algunos mandos militares y policiales, estos mecanismos de represión contrasubversiva no resultaban
suficientes, pues se ceñían —a pesar de los abusos— a la legislación antiterrorista, lo que impedía una
represión selectiva más brutal. Aunque sus operaciones datan de algún tiempo atrás, el grupo Colina fue co-
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