Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
siguientes, los apagones se convirtieron en un elemento central de la estrategia senderista y llegaron a modificar
la rutina cotidiana de los millones de habitantes de la capital.
Luego de que en algunos lugares del interior del país se decretara el estado de emergencia, el 20 de agosto
de 1982 éste fue declarado en Lima y Callao. Comenzó así una serie de atentados en la capital que, a partir de
mediados de los ochenta, empezó a incluir de manera predominante asesinatos selectivos, así como una mayor
infiltración dentro del movimiento barrial y sindical, sumamente debilitado por la crisis económica y por
la desarticulación gremial que ésta trajo consigo. El avance del PCP-SL se expresó en la convocatoria a un
paro el 8 de enero de 1983 en Lima Metropolitana que casi no tuvo efectos, pero a partir de 1985 el PCP-SL se
infiltró en las huelgas convocadas por la CITE, central de trabajadores públicos.
El MRTA, por su parte, inició una ola de secuestros y extorsiones y, en menor medida, coches bombas y
ataques de artefactos «instalaza» contra las sedes gubernamentales y contra sedes estadounidenses, así como
la toma de medios y agencias noticiosas para relevar su accionar en el extranjero.
El 22 de enero de 1985, Amnistía Internacional distribuyó en Londres un comunicado manifestando que
más de mil personas habían desaparecido en los últimos dos años en la zona declarada de emergencia en el
Perú. El informe agregaba que cientos de otras personas fueron asesinadas durante su detención, a menudo
tras ser torturadas. Responsabilizó al PCP-SL por el asesinato y la tortura de centenares de personas. A pesar
de estas afirmaciones, los medios oficiales consideraban a esta organización de derechos humanos como una
fachada del terrorismo internacional, aunque ya no se podía negar la existencia de una «guerra sucia» al interior
del país. En efecto, en días anteriores, los diarios limeños dieron cuenta de nuevos hallazgos de fosas con
cadáveres de desaparecidos, así como de las incursiones criminales del PCP-SL realizadas en diversos puntos
de la serranía peruana. Además, el 16 de julio de 1985 llegó a Lima la Comisión de Trabajo de Desapariciones
Forzadas Involuntarias, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El 16 de agosto de aquel
año, el MRTA dio una conferencia de prensa clandestina, señalando que «no realizará acciones militares contra
el PAP mientras éste no ataque al pueblo».
Durante el gobierno de Alan García, el caso de mayor resonancia fue la matanza de presos senderistas amotinados
en los penales limeños en 1986, que llevó a una ruptura con la línea oficial del gobierno y a un intento
por comprender las causas del conflicto armado interno, principalmente entre los opositores a la estrategia contrasubversiva
y los organismos de derechos humanos. El amotinamiento de subversivos, los días 18 y 19 de junio
de 1986, en el CRAS Lurigancho (124 muertos), en el CRAS El Frontón (más de cien muertos) y en el CRAS
Santa Bárbara (tres reclusas muertas), originó la mayor matanza colectiva en la historia de nuestro país.
Poco antes, el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes (Izquierda Unida) insistía en la necesidad de formar un
frente común contra el terrorismo –iniciativa que contó con el respaldo de la iglesia católica– y el 14 de junio de
ese año, el senador Javier Diez Canseco (PUM), manifestó que la propuesta de un frente antiterrorista era de
Alfonso Barrantes pero no de Izquierda Unida. Al día siguiente, un comunicado firmado por el PC P (Patria
Roja), PUM y FOCEP, planteaba «una salida de paz con justicia social, rechazando el terrorismo de cualquier
signo» y pedía el fin del estado de emergencia en Lima y Callao. En diciembre de 1987, se convocó a una jornada
cívica por la paz y por la vida que contó con la participación de diversas instituciones, autoridades y partidos
políticos, y un año después la municipalidad de Lima convocó a una jornada por la paz. En el marco de la sesión
solemne celebrada en el Concejo Provincial de Lima, el alcalde de Lima, Jorge del Castillo (PAP), propuso instituir
1988 como el Año de la Paz Nacional, con el nombramiento de una comisión que recomendaría las acciones
necesarias para esta tarea. Villa El Salvador, la «ciudad mensajera de la paz», guardó un minuto de silencio por
la paz y por el cese de toda forma de violencia en el territorio patrio, bajo el lema: «Sin justicia no hay paz». Por
su parte, el regidor Henry Pease (Izquierda Unida) recordó que más de diez mil peruanos habían sido víctimas
de la violencia, la cual, remarcó, era preciso detener. Reclamó, en ese sentido, la supremacía de las instituciones
civiles en las zonas de emergencia como un paso adelante en la defensa de los derechos humanos.
Pero estos esfuerzos por cohesionar la sociedad civil en un frente único por la paz no tuvieron éxito, y la
violencia mantuvo su intensidad en Lima. En medio de un paro nacional convocado por la CGTP, un grupo
de cuarenta senderistas se enfrentó con los manifestantes en plena Plaza Dos de mayo, en un intento por atentar
contra Jorge del Prado, senador líder de la Izquierda Unida, el 28 de enero de 1988. Era evidente que no
existía una colusión entre los huelguistas y los senderistas, ni siquiera en las marchas infiltradas por grupos
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