Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

Los asesinatos de «indeseables»
PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
Diversos testimonios coinciden en señalar acciones de «limpieza social» ejecutadas por miembros del PCP-SL
entre 1985 y 1990 en Ucayali. Al igual que el MRTA en algunas zonas de San Martín, los destacamentos del PCP-
SL intentaron ampliar el apoyo de la población asesinando a personas consideradas socialmente como indeseables.
Informaciones recogidas entre moradores del sector La Hoyada, ciudad de Pucallpa, dan cuenta del asesinato
de drogadictos, homosexuales y prostitutas. En su mayoría los cadáveres eran arrojados a los ríos y botaderos,
donde algunos de los occisos fueron identificados por sus familiares. En 1988, en la ciudad de Pucallpa —
según cuenta el periodista Jorge Torrejón—, los hombres de prensa fueron advertidos de que en la mañana del
12 de septiembre se produciría una acción armada de gran impacto, por lo que solicitaron su presencia. Sólo tres
periodistas llegaron a La Hoyada, en la parte noroeste de la ciudad. Eran las 5:30 de la mañana cuando un grupo
de miembros del PCP-SL apareció, llevando consigo a ocho personas entre hombres y mujeres, a quienes colocó
en fila. Enseguida, tres hombres armados con metralletas los asesinaron disparando ráfagas sobre ellos. «Luego
se supo que todos eran fumones, cabros y prostis», afirma otro periodista. Horas después fueron recogidos los
cadáveres, llevados a la morgue y sepultados en una fosa común, sin que nadie reclamara sus cuerpos.
Estos ajusticiamientos extrajudiciales no fueron de conocimiento público e incluso —tal como pretendía el
PCP-SL— un sector de los pobladores los aceptó como oportunos, pues les otorgaban mayor seguridad y tranquilidad.
Más aún, la demanda social condujo a algunos núcleos de poblaciones a desear la presencia del
PCP-SL para realizar campañas de «limpieza».
El «pucallpazo» de 1989
El hecho violento de mayor repercusión nacional, sin embargo, no derivó de la actuación de los actores armados
sino que se originó en la represión a campesinos que participaban en un mitin de protesta contra el gobierno
en la ciudad de Pucallpa, que tuvo amplia repercusión nacional.
Más de cinco mil personas, en su mayoría campesinos, se habían movilizado para exigir atención a sus
demandas como producto, según los dirigentes locales, del abandono del gobierno central. El saldo final de la
represión policial fue de nueve muertos y dieciocho desaparecidos. Se dijo oficialmente que el PCP-SL se
había infiltrado en la manifestación con el único propósito de provocar un baño de sangre, lo que es muy difícil
de comprobar, aunque los dirigentes campesinos han negado rotundamente esas imputaciones.
Los hechos se originaron en las protestas campesinas que condujeron a una huelga de varios días durante
la cual, luego de las negociaciones, el gobierno se comprometió a atender varias de las demandas. El 8 de febrero,
el prefecto Alfredo Noriega Ojeda prometió autorizar una movilización por las calles de Pucallpa. Sin
embargo al día siguiente, organizada la manifestación para celebrar los logros obtenidos por los agricultores
con el apoyo de sectores de asentamientos humanos y gremios sindicales, los dirigentes no lograron la autorización
oficial, en tanto que los manifestantes se habían concentrado en la avenida Sáenz Peña y alrededores.
Los dirigentes accedieron a realizar la movilización con el intento de ingresar al perímetro de la plaza de armas
para izar el pabellón nacional, pero un contingente de la Policía les impidió avanzar.
Ante la persistencia y el desborde de los manifestantes, los policías recurrieron al uso de bombas lacrimógenas
y varas de goma. Esto enardeció a la multitud, que armada con piedras y palos causó heridas y contusiones
en los uniformados.
La violencia fue en aumento, hasta que la Policía empezó a disparar sus armas de fuego contra los campesinos.
Aunque varios de ellos cayeron mortalmente heridos, los manifestantes lograron llegar hasta la plaza
de armas, donde el agricultor Emigdio Córdova, que intentaba izar la bandera peruana, murió impactado por
una ráfaga de metralleta.
A partir de ese momento, los hechos se tornaron confusos, porque la Policía, con el apoyo de la Marina de
Guerra, logró cercar la plaza de armas para bloquear el ingreso de personas y periodistas. Algunas versiones
no confirmadas afirman que habrían sido asesinados más de nueve manifestantes, mientras que otros dieciocho
fueron llevados en camiones porta tropas y luego asesinados al «comprobarse efectivamente» su vinculación
con el PCP-SL.
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