Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
En Espinar, la Federación Provincial de Campesinos estaba fuerte. Se organizó las rondas campesinas y se hizo
retroceder a Sendero. Incluso, en 1989 hemos chocado con los senderistas porque se llevaron a la fuerza a un joven
al cuartel de Sendero, en el cerro Togullo, frontera Canas, Chumbivilcas y Espinar. El joven se les escapó y les
quitó sus armas. Avisó a los comuneros y los comuneros inmediatamente salieron en rondas. Chaparon a los
senderistas y los entregaron a la Policía» (ex secretario general de la Federación Departamental del Cusco).
En la provincia de La Convención, el PCP-SL mantenía su presencia en la zona de Inkawasi, sobre el río
Apurímac, mientras que el pequeño grupo de militantes del MRTA actuaba en el valle de San Miguel, una
zona más selvática. Blasco Núñez, un antiguo periodista de radio Quillabamba, cree que «PCP-SL y el MRTA
pensaron que La Convención era un terreno fértil para la lucha armada por los antecedentes subversivos de
Hugo Blanco y Luis de la Puente Uceda».
El MRTA organizó algunas células en 1990 en la localidad de Palma Real y en la ciudad de Quillabamba,
cuyos responsables procedían, según los testimonios, del departamento de San Martín, «por ello fueron rápidamente
identificados por el servicio de inteligencia y capturados».
El discurso de las organizaciones subversivas no tenía en cuenta el buen precio del café, uno de los principales
productos de la zona, que alejaba a los campesinos productores –propietarios de sus parcelas– de
cualquier propuesta violentista, a la cual se opusieron firmemente los sindicatos agrarios.
Pero si las organizaciones locales y provinciales, como mencionamos en Quillabamba y Espinar, mantenían
su dinámica de organización, la Federación de Campesinos del Cusco casi pasó al anonimato, pues
una equivocada visión de contrainsurgencia sindicaba a sus principales dirigentes como simpatizantes de
los grupos subversivos. Ello ocurrió con la persecución a Miguel Ángel Baca Madera, dirigente de la Federación,
acusado y perseguido por haber estado en la columna del MIR en Mesa Pelada junto a Luis de la
Puente Uceda veinte años antes.
En este panorama complejo de la violencia, debemos agregar otros ensayos de respuesta de la sociedad
civil, entre los cuales destacan los esfuerzos de las prelaturas de Sicuani, Ayaviri, Juli y la Diócesis de Puno,
donde se crearon cuatro Vicarías de Solidaridad encargadas de proteger los derechos humanos, al igual que el
Movimiento Cristiano de Derechos Humanos, activo en Quillabamba.
Las mismas estrategias contrasubversivas: 1989-1992
La caja de resonancia deseada por el PCP-SL alcanzó su auge el 25 abril de 1989, con el ingreso de un grupo
de senderistas armados a la ciudad universitaria. En esa oportunidad embanderaron algunos locales, pero
lograron mayor repercusión con los asesinatos que ejecutaron: el 2 de julio la estudiante de enfermería Magnolia
Zúñiga, y pocos días después, el 7 de julio, el estudiante y dirigente del Partido Comunista-Unidad de la
UNSAAC, Walter Huayllani.
En las provincias altas, el PCP-SL continuó con sus aniquilamientos selectivos. El 26 de enero de 1989 asesinó
a dos mujeres en la localidad de Quiñota, Chumbivilcas, previo «juicio popular», mientras que las rondas de
las comunidades resultaban efectivas contra los abigeos: el 9 de febrero la ronda campesina comunal capturó a
una banda pseudoterrorista de abigeos en Colquemarca, Chumbivilcas, y el 23 de marzo la comunidad de Collana,
Livitaca, Chumbivilcas, acordó en asamblea general formar cuadrillas para identificar a los abigeos y entregarlos
a la Policía, lo que desde el punto de vista senderista fue considerado como una traición que pretendía
el monopolio de la justicia contra el abigeato. Para los responsables del PCP-SL, las rondas comuneras —
«mesnadas», según su definición— eran un enemigo central desde su expansión en Ayacucho desde 1985. Golpeando
cualquier atisbo de autonomía, el 16 de abril de 1990 el PCP-SL atacó el distrito de Layo, provincia de
Canas, asesinando al alcalde Claudio Huilca, al juez Jorge Padín y al gobernador Benigno Paca.
Pero los hechos más graves en las partes altas de las provincias de Chumbivilcas, Antabamba y Condesuyos
no resultaron de acciones senderistas: derivaron de operativos militares entre abril y mayo de 1990, organizados
desde la base militar de Antabamba, en Apurímac, como veremos también en el capítulo siguiente
sobre la zona III. La base militar de Antabamba dependía del comando militar de Abancay y la de Haquira
del comando militar del Cusco. De Antabamba salió una patrulla del Ejército compuesta por aproximadamente
a veintiún hombres, en un «operativo de inteligencia» que desde el 19 de abril al 1 de mayo recorrió, durante
doce días, cinco distritos: Antabamba, Totora-Oropesa, Quiñota, Llusco y Santo Tomás, que pertenecen a
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