Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
las provincias de Antabamba, Apurímac, y Chumbivilcas, en Cusco. Este grupo militar incursionó en diferentes
comunidades campesinas «sospechosas» de conformar bases de apoyo a PCP-SL: Yurenca-Collana, Tirani,
Nanrapata, Ccasahui, Ccolpa, Huanso. El 25 de abril, en Ccashahui-Ranrapata y Chumbivilcas, los integrantes
de esta patrulla, vestidos como campesinos, asesinaron a Balvino Huamaní Medina, Juan Huisa Pacco, Rosa
Huisa Pacco, Rubén Alférez Triveño, Marcos Zacarías Huisa Llamoca, Quintín Alférez Cjuro, Telésforo Alférez
Achinquipa, Marcos Torres Saihua, Julio Huamaní y José Huamaní Charccahuana. Las cifras finales del
patrullaje arrojaron trece campesinos muertos y ocho desaparecidos, además de varios detenidos torturados y
mujeres campesinas violadas. La estrategia, para algunos jefes militares, seguía siendo la misma luego de
ocho años: «Todos son sospechosos». Este caso, conocido nacionalmente como «el caso de Chumbivilcas», fue
archivado por las autoridades del Ministerio Público, pues no se identificó plenamente a los responsables de
esta patrulla, que cometió diversas violaciones a los derechos humanos en el departamento del Cusco sin que
éste hubiera sido declarado en estado de emergencia.
A estos operativos militares se sumó, en otros casos, el abuso de los destacamentos policiales. El 29 de septiembre
de 1990, en Santo Tomás, Chumbivilcas, el abogado Marcelino Valencia Álvaro fue asesinado. Defensor
de comunidades campesinas, de clubes de madres y profesor en el colegio nocturno Santo Tomás, Valencia fue
una de las tantas víctimas de abusos policiales por razones ajenas a la lucha contrasubversiva. Detenidos el día
24 por policías ebrios, los cadáveres de Marcelino Valencia Alvaro —quien también era asesor jurídico de la Liga
Agraria— y del estudiante Zacarías Pasca, fueron hallados el día 29 en las afueras del pueblo.
Por su parte, además de los asesinatos en campo y ciudad, los atentados y asaltos a puestos seguían siendo
las acciones más comunes del PCP-SL: el 14 de agosto la explosión de un coche bomba en una calle céntrica
de Cusco dejó un muerto y dieciocho heridos, mientras que al día siguiente fue hallado el cadáver del dueño
del vehículo, el ex sargento de la Policía Melitón Candia Guzmán, asesinado por los senderistas. Menos de un
mes después, el 7 de septiembre, un policía cayó acribillado en la Avenida de la Cultura, mientras que tres
policías murieron el 4 de mayo de 1991 durante el asalto de un destacamento senderista al puesto policial de
Ollantaytambo y el 15 de junio, nuevamente en la ciudad de Cusco, fueron asesinados dos policías que custodiaban
la casa del prefecto.
En las provincias altas el PCP-SL debía enfrentar a las nacientes rondas campesinas promovidas por las
bases militares: el 11 de junio cinco campesinos ronderos fueron ejecutados por una columna senderista en
Chumbivilcas, mientras los medios de prensa informaban que en Quiñota, Livitaca, Llusco y Ccapacmarca,
una columna del PCP-SL actuaba activamente, como lo demostró el 26 de julio con el asesinato de otros cuatro
ronderos de la zona de Tocto, provincia de Chumbivilcas.
La persistencia de las acciones violentas del PCP-SL obligó a decretar el estado de emergencia en 1991 en
las provincias de Chumbivilcas, Espinar, Canas y Canchas, así como Paruro y Quispicanchi. El PCP-SL también
siguió activo en la ciudad de Cusco, donde el 12 de julio de 1991 asesinó al catedrático de la facultad de
Economía, Iván Pérez, dirigente del PCP Unidad y asesor del alcalde provincial del Cusco, Daniel Estrada.
Por la misma época, en La Convención, el frente abierto por el MRTA –que nunca llegó a desarrollar acciones
importantes– sufrió el 21 de diciembre de 1991 un golpe definitivo con la muerte de cuatro de sus militantes
en un enfrentamiento con las fuerzas del orden en Cedroccasa, Vilcabamba. Por el contrario, los destacamentos
armados del PCP-SL aún mantuvieron su capacidad de acción entre 1991 y 1992, y su fuerza principal en
Canchis lo demostró con asesinatos en serie como los ejecutados el 13 de mayo de 1992 en San Pedro, donde
asesinó al alcalde, al gobernador, al presidente del agua potable y a un dirigente, quemó el local de la
municipalidad y dinamitó dos buses de las empresas Ormeño y Cruz del Sur.
La pacificación: 1993-2000
Según dirigentes del PCP-SL recluidos en el penal de Yanamayo, los secretarios políticos del comité regional del
sur fueron Antonio Díaz Martínez, primer responsable hasta su detención; Margie Clavo Peralta hasta 1988, y
María Pantoja Sánchez, ‘Miriam’, entre 1988 y 1992. Esta última fue detenida en 1991 en Juliaca y, según los dirigentes
senderistas, la dirección nacional del PCP-SL movilizó a su aparato legal que logro negociar su libertad a
cambio de más de veinticinco mil dólares. Un año después fue capturada junto a Abimael Guzmán.
Según estos dirigentes, la crisis del PCP-SL se produjo, en lo fundamental, por la detención de Abimael
Guzmán y de la ‘camarada Miriam’, miembro del comité permanente histórico. Dice María Pantoja, reclui-
TOMO IV PÁGINA 223