Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
pro senderistas, como quiso insinuar en un primer momento el gobierno, que pretendía minimizar la presencia
de grupos subversivos en la capital.
En mayo de 1988, con motivo de la segunda visita de Juan Pablo II a Lima, también se registró un incremento
de la violencia en la capital. Familiares de presos del MRTA tomaron diversas iglesias, mientras elementos
senderistas colocaron dinamita cerca al Campo Eucarístico de San Miguel. Poco antes se había desactivado
un coche bomba cerca de la Base Aérea Nº 8.
La escalada de la violencia del PCP-SL: 1989-1992
Hasta 1989, los apagones y paros armados eran considerados como acciones alejadas de los distritos céntricos
residenciales, pero el aparente avance de la lucha armada frente a la ineficacia de la política contrasubversiva
llevó a que la directiva senderista considerase propicio expandir y desarrollar el «quinto plan» —
cuyo objetivo era impulsar el desarrollo de bases de apoyo—, centrándose en la construcción del nuevo
poder. Es decir, se buscaba destruir el aparato estatal y generar un vacío de poder —incluso mediante el
asesinato de dirigentes vecinales— mientras se pretendía demostrar a la población el avance de la guerra
popular incrementando las acciones terroristas a través de coches bombas y atentados localizados principalmente
en el centro comercial y financiero de Lima. Este repunte tuvo lugar desde agosto de 1989 y alcanzó
su mayor intensidad entre abril de 1991 y julio de 1992.
A fines del régimen de Alan García (1985-1990), la situación económica se caracterizó por una hiperinflación
de 60% mensual, una reducción de los salarios reales en 50% con respecto a julio de 1985 y apenas 107
millones de dólares en reservas internacionales. El sistema financiero había visto reducir su intermediación a
la tercera parte del nivel alcanzado en 1982, mientras que la presión tributaria llegó apenas al 4% del PBI y el
déficit fiscal representaba el 12% del PBI. En este escenario, el accionar de los grupos subversivos recrudeció
notablemente, afectando de manera desproporcionada al centro económico y político del país con una resonancia
insospechada, en su mayor parte debido al enfoque sensacionalista de los medios de comunicación, en
el contexto del cambio de régimen presidencial y las modificaciones en la estrategia contrasubversiva.
En vísperas de las elecciones presidenciales de 1990, el MRTA secuestró al empresario Héctor Delgado
Parker, lo que le permitió tener una tribuna momentánea a través de Panamericana Televisión. En enero de
1990, el mismo grupo asesinó en San Isidro al general Enrique López Albújar, ex ministro de Defensa. Mientras
tanto, el PCP-SL multiplicaba los asesinatos de funcionarios vinculados con el gobierno aprista, como fue
el caso de Felipe Santiago Salaverry, ex presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS).
Todos estos actos fueron generando una percepción de caos e incertidumbre generalizada asociada, en medio
de apagones continuos, a la crisis económica, que alcanzó, como dijimos, niveles hiperinflacionarios sin antecedentes.
El impacto que tuvieron los atentados subversivos a las instalaciones comerciales y la infraestructura
estatal agravó esta percepción, sin que la declaración de estados de emergencia o la creación de comandos políticos
militares mejorase la situación. Por el contrario, se empezaron a manifestar amenazas al periodismo de investigación,
uno de cuyos precedentes fue el cierre del programa televisivo Encuentros, conducido por César
Hildebrandt, que fue suspendido por las presiones que venían afectando las informaciones sobre el caso de Jaime
Ayala. Hildebrandt denunció que las Fuerzas Armadas habían obligado a los directivos de todos los canales
de televisión a evitar que se informase sobre cualquiera de los militares involucrados en algún tipo de delito.
A partir de octubre de 1989, las acciones subversivas se incrementaron en más del 100%, con miras a las acciones
a realizarse a partir de marzo de 1990 para impedir las elecciones presidenciales. Esta etapa de ascenso se
prolongó hasta agosto de 1990, y los principales objetos de atentados fueron los centros comerciales y las unidades
de transporte en la capital. Se inició un proceso de racionamiento eléctrico que afectó la actividad comercial e
industrial. Con el nuevo gobierno de Alberto Fujimori, se reactivaron las acciones subversivas en la capital: en
abril de 1991 se registraron desde voladuras de torres y ataques a agencias bancarias hasta un atentado contra el
local del Instituto Libertad y Democracia dirigido por Hernando de Soto, en ese entonces asesor de Fujimori.
La modalidad de los coches bombas sufrió un repliegue entre agosto y septiembre de 1992, para luego volver
a ascender: en noviembre de ese año llegaron a catorce y en diciembre a diez, aunque el número de víctimas
se redujo considerablemente. En el balance de cientos de atentados, se observa que Lima fue el escenario de mayores
acciones subversivas en 1992: registró más de la mitad de los actos subversivos de todo el país. En cuanto a
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