Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

4.1.3. La región del Nororiente en 1980
PRIMERA PARTE SECCIÓN TERCERA CAPÍTULO 1
Las siguientes son algunas de las características centrales de la región al iniciarse en 1980 la década de la
violencia.
La presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga se puede constatar, según testimonios diversos, desde
1976, cuando, al igual que en otras regiones del país, captó maestros y líderes magisteriales que se encargaron
a su vez de convencer y formar estudiantes de secundaria y universitarios. Militantes surgidos
del adoctrinamiento en estos primeros grupos se encargaron del posterior proselitismo en el área
rural, aprovechando adecuadamente el conflicto que había entre el gobierno y los cocaleros debido a
las acciones de control del cultivo de la coca y la interdicción al narcotráfico. Recordemos que, entre
1979 y 1982, se ejecutaron operativos policiales contra los cocaleros y narcotraficantes denominados
Verde Mar I, Verde Mar II, Bronco I y II, en los cuales, según denuncias ante la fiscalía de las provincias
de Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad por dirigentes campesinos y por los propios afectados,
se vulneraron derechos elementales de las personas o se afectaron sus intereses con la destrucción de
cultivos, secadoras de coca, detenciones y encarcelamientos injustificados, bajo la premisa de que eran
cocaleros ilegales o estaban involucrados en el narcotráfico.
En 1980, por primera vez se pudo observar en la ciudad de Tingo María más de 1,500 sinchis de la
Guardia Civil provenientes de Mazamari, que se sumaron a los miembros de la Marina de Guerra y a
los agentes de la DEA de Estados Unidos, para eliminar cocales con picos y lanzallamas, usando dinamita
para destruir las secadoras de coca. Por ello, cuando en años posteriores el PCP-SL, en alianza
con el narcotráfico, destruía puentes, derribaba torres de alta tensión y tendía emboscadas a las patrullas
militares, estas acciones contaban con la aprobación de un sector de la población debido a lo que
consideraban vejaciones e injusticias cometidas en su contra por los agentes del Estado.
Como podemos inferir de las cifras citadas, a mediados de la década de 1970 los departamentos de
Huánuco, San Martín y Loreto basaban su desarrollo en actividades como la agricultura lícita, la ganadería,
la extracción forestal, la minería, la pesca y la agroindustria, mientras que en un segundo
plano estaban los servicios y el turismo, que inyectaban recursos económicos a su población. El cultivo
de la coca –que luego dio origen a una serie de problemas derivados de su condición de ilegal y de
materia prima para la cocaína– se incrementó desde entonces considerablemente, por lo cual el gobierno
del presidente Francisco Morales, por presión de la comunidad internacional, inició una serie
de acciones de interdicción y control de las drogas ilícitas, dando prioridad a la erradicación de los
cultivos ilegales de coca. Esto llevó a los cocaleros a formar los primeros frentes de defensa y a asumir
medidas de lucha radicales, en abierto enfrentamiento a las políticas de gobierno y a los organismos
encargados de su cumplimiento. Igualmente, a fines de la década de 1970 algunas mafias internacionales
del crimen organizado iniciaron un período de larga presencia.
La población de la ceja de selva percibió rápidamente los beneficios económicos provenientes de la
venta de hoja de coca al narcotráfico, que con el transcurrir de los años devino en el principal rubro
económico regional, mientras que otros espacios al interior de la región tardarían algunos años más
en involucrarse en estas actividades y, por tanto, los efectos en su población y en hábitos de producción
o consumo fueron menores. De igual forma, los efectos de la violencia también fueron menores
en cuanto a actos terroristas y de violencia generalizada.
La defensa del cultivo de la coca ante los intentos de limitar la producción y frenar la actividad de
producción de drogas a partir de esta materia prima se inició en 1964, como consecuencia de la promulgación,
en diciembre de aquel año, del decreto supremo 254, que delimitaba las zonas autorizadas
para la producción de coca a algunos distritos de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco,
Huánuco, La Libertad y San Martín, y otorgaba dos años de plazo desde su promulgación para que
los cocaleros sustituyesen sus cultivos de coca por otros productos agrícolas. Se constituyó entonces el
Comité de Productores de Coca de Tingo María, presidido por José Rubiños y secundado por Gabino
de la Cruz, quienes desarrollaron campañas de reclamos y presentaron petitorios ante el presidente
Fernando Belaunde Terry. En 1968, en el curso uno de sus viajes para tramitar sus exigencias en Lima,
perdieron la vida, junto a otros dos dirigentes, en la zona conocida como Carpish, donde se cayó el
avión de Faucett en el que retornaban de Lima a Tingo María con «buenas noticias».
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