Sección Tercera: Los Escenarios de La Violencia - DHnet

LA VIOLENCIA EN LAS REGIONES
nocido por la opinión pública el 3 de noviembre de 1991, cuando asesinó, en Barrios Altos, a dieciséis personas
que participaban de una pollada, dejando a otras cuatro gravemente heridas.
El incremento desbordante de la acción subversiva fue uno de los factores del elevado margen de aprobación
al golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el mismo mes en el que, en un enfrentamiento en Raucana, murieron
tres pobladores y Peter Cárdenas Schultz —uno de los líderes del MRTA— fue capturado. La polarización
militar influyó en las matanzas del penal de Canto Grande y en el secuestro y desaparición de un profesor y
nueve estudiantes de La Cantuta, ejecutados por el grupo Colina en julio de 1992 y conocido públicamente un
año después. Señalemos que, el 9 de mayo de 1992, una intervención policial denominada «Mudanza uno» en
los pabellones senderistas del penal de Canto Grande con motivo de trasladar a más de cien mujeres hacia la
cárcel de Chorrillos originó el asesinato de 35 reclusos acusados por terrorismo, entre los cuales se encontraban
Hugo Deodato Juárez Cruzatt, integrante del buró político del PCP-SL, y los responsables de Socorro Popular,
Yovanka Pardavé Trujillo y Tito Valle Travesaño. Junto con esta represión sangrienta, el gobierno concibió normas
que pretendían desactivar a los grupos subversivos. Así, el 12 de mayo –cuando la matanza del penal de
Canto Grande aún repercutía en la opinión pública– promulgó la Ley de Arrepentimiento.
En 1992, año particularmente violento, se registró más de la mitad de los atentados subversivos en todo el
país con el despliegue de una oleada de acciones en la capital que buscaba garantizar los paros armados convocados
por el PCP-SL. Tal vez el mayor impacto logrado por el PCP-SL en este período fue el estallido de
coches bombas en Lima, que llegaron a sumar un total de 46 entre 1991 y 1992. Aunque la mayoría estaban
dirigidos contra comisarías o agencias bancarias como parte de una estrategia central en la escalada de violencia,
particularmente impactantes fueron los que estallaron el 5 de junio de 1992 en la sede de Frecuencia Latina,
que causó la muerte de tres trabajadores, y sobre todo, el del 16 de julio en la calle Tarata, en pleno centro
comercial de Miraflores, donde murieron 23 personas y más de cien quedaron heridas.
El éxito mayor del trabajo de inteligencia policial desembocó en la captura de dos dirigentes de las organizaciones
subversivas ese mismo año: el 9 de junio de 1992 fue recapturado el dirigente del MRTA Víctor
Polay Campos, ‘camarada Rolando’, en San Borja, y el 12 de septiembre el GEIN de la Policía capturó a Abimael
Guzmán y a una parte de la cúpula senderista.
El final de la violencia: 1993-2000
Estas capturas fueron quizá más determinantes en la derrota de los grupos subversivos que las iniciativas de la
sociedad civil de consolidar un frente por la paz, prácticamente desaparecidas en los noventa, con excepción de
la reacción frente a los atentados simultáneos que se desarrollaron durante la escalada senderista de julio de
1992, que motivaron el 19 de julio de 1992 una marcha por la paz en Miraflores convocada por la municipalidad
distrital y que contó con la presencia del ministro de Economía, miembros del Ejecutivo y ex parlamentarios. A
pesar del grado de vulnerabilidad de las organizaciones y las autoridades periféricas frente a la violencia, las
muertes y detenciones no implicaron que el discurso de la pacificación se tornara hegemónico, algo que sólo
ocurrió cuando las clases dirigentes y los residentes de los distritos financieros residenciales del centro capitalino
se sintieron directamente agredidos. Como parte de las manifestaciones simbólicas, se consolidó una imagen que
mostraba al PCP-SL como el enemigo que atacaba al corazón de la nación, imagen que se alimentaba del prejuicio
y de la indiferencia que durante años se manifestaron en el manejo de la información en los medios oficiales.
Sin embargo, el repunte de la violencia en 1991 y 1992 coincidió con la simultánea derrota de la estrategia
subversiva gracias a la captura de sus principales cuadros, como fue el caso de Abimael Guzmán y Víctor
Polay. La resonancia política de estos hechos fue capitalizada por el gobierno fujimorista, que logró la reelección
presidencial para el período 1995-2000 con un discurso que apelaba a la pacificación nacional frente a la
amenaza de la violencia subversiva, que para entonces estaba notablemente replegada en el interior del país.
Desde 1993 podemos decir, siguiendo nuestra periodización, que hubo un declive de las acciones subversivas
en la capital como fruto de la captura de sus principales líderes y, luego —en el caso del PCP-SL— merced a la
suscripción del acuerdo de paz por sus principales líderes presos. En efecto, en noviembre de 1993 se conoció
la división surgida al interior del PCP-SL entre los seguidores de Abimael Guzmán y su acuerdo de paz y los
de ‘Feliciano’, que pretendían seguir desarrollando la lucha armada. En diciembre, trescientos presos senderistas
de Canto Grande se adhirieron a las cartas de Abimael Guzmán.
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