TOMO-6

358 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO
el imperio incaico se exterminaron hasta reducirse a un
millón a principios del siglo XIX. El distraído u ofuscado
autor comunista no toma en cuenta las segregaciones territoriales
de Popayán, Quito, Alto Perú o Charcas, Tucumán
y aún Puno; lo que es un colmo de desfachatez (El
problema de la tierra, pág. 37).
Las autoridades superiores velaban porque no faltaran
tierras a los indígenas. Las que se repartieron a los conquistadores
y colonizadores, en virtud de la ley, fueron, no
las de comunidades, sino las extensísimas públicas que
habían pertenecido al Sol, las huacas y los Incas. Una serie
de cédulas reales así lo dispuso. Claro está que habría excesos
y que se advirtieron apropiaciones indebidas; no tantas,
con todo, como ha placido imaginarlas, porque las
impedían dos muy positivas razones. La primera, que el
Perú, dígase lo que se quiera, no estaba muy poblado; y eran
muchos los campos disponibles como vacantes, por haber
revertido de los Incas y los ídolos en la Corona de Castilla,
sobre todo en los valles costeños, que hacía pocas generaciones
los cuzqueños habían conquistado. La segunda, que
los terrenos de comunidades, que no eran por cierto en
la organización incaica los mayores, ni los más fértiles, ni
los mejor situados, tenían un defensor nato y poderoso,
aguijoneado por interés personalísimo, en el propio Encomendero
español, cuyos tributos dependían de las cosechas
de los ayllos. De ahí que en la Real Cédula de Valladolid
del 29 de Agosto de 1553 leamos cómo el ex-Teniente de
D. Alonso de Alvarado y Alcalde de Lima, ilustre conquistador
andaluz Capitán Ruy Barba Cabeza de Vaca, Encomendero
de Chanchay, defiende a su Curaca y sus indios
contra las extralimitaciones del Virrey Marqués de Cañete.
Lo propio hacían otros Encomenderos, movidos por natural
reacción en defensa propia. El Rey D. Felipe II, en la Cédula
de 10 de Enero de 1589 y en carta del Consejo de