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422 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO
entusiastas economistas. No obsta a lo expuesto que en el
lenguaje familiar del Virreinato se llamaran a menudo vasallos
los indios encomendados; y feudatarios los Encomenderos.
Las impropiedades del habla vulgar no hacen fe para
la naturaleza de las instituciones. Cierto que los Encomenderos
quisieron convertirse en verdaderos señores feudales,
con perpetuidad, jurisdicción y jerarquía, hacia 1560,
bajo Felipe 11, mediante un donativo o servicio en metálico
a la Corona; pero el intento fracasó, y no está claro ni
siquiera que, de lograrse, hubieran obtenido el dominio
superior de las tierras, las cuales en su mayoría se hallaban
ya enajenadas: repartidas a los españoles en forma quiritaria
(o digamos alodial, condescendiendo a emplear la
terminología del feudalismo), o confirmadas colectivamente
a las comunidades indígenas. En resolución, es palmario,
para quienquiera que haya recorrido con alguna atención
las Leyes de Indias, que la propiedad territorial no ha podido
derivarse de las encomiendas ni provenir de ellas los
latifundios. De hecho será rarísimo descubrir que los Encomenderos
adquirieran dentro de sus dilatados repartimientos
más posesiones prediales que las medianas chacras o
haciendas que podían comprar en cualquiera otra comarca.
Confusiones como éstas adulteran nuestra historia jurídica;
y provocan, con sus ambigüedades o deliberadas tinieblas,
recriminaciones infundadas y venenosas. José Carlos Mariátegui,
en su estudio sobre el Problema de la Tierra, llega
hasta afirmar que las encomiendas fueron abolidas después
de la Independencia (Siete Ensayos de interpretación
de la realidad peruana, pág. 48). Ignora que lo fueron por
Real Cédula de 12 de Junio de 1720, nada menos; y atribuye
de esta manera las disposiciones legislativas del Rey
D. Felipe V a San Martín, Bolívar o Gamarra.
Entre las secciones del Derecho Peruano, hubo una
descuidada por el extranjerismo de la República en el siglo
XIX, y que hoy goza de singular favor: me refiero al De-