TOMO-6

374 JosÉ DE LA RIVA-AGÜERO
menos con sujeción a la ley y en lo que sabemos de la
historia territorial limeña; fueron las baldías y las públicas,
o sea las muy extensas que se reservaban y labraban para
el Inca, para el Sol, y los demás ídolos y huacas. La Corona
de Castilla, por evidente derecho de regalía, las heredó
como vacantes; y en tal condición las adjudicó a sus súbditos
castellanos. Los ayllos indígenas retuvieron así sus porciones,
en las cercanías de Maranga y la Magdalena, en
Barranco y Surco, Lurigancho y Carabayllo, por muy dilatado
tiempo, según es fácil de comprobar con los títulos
de las charcas, y hasta con los datos del Reglamento de
Aguas de Cerdán, redactado a fines del siglo XVIII. Pudieron
trasladarse y permutarse, algunas suertes y potreros,
por la reducción de pueblos pequeños en medianos, que
el Virrey Toledo ejecutó; pudo haber usurpaciones individuales,
que el mismo Virrey Toledo y sus sucesores atendieron
después a remediar; pero no hubo en conjunto nada,
a lo menos en nuestros campos limeños, junto a la populosa
capital castellana, que se equiparara a la expropiación brutal
y en masa propia de las conquistas bárbaras, como lo
fantasean y acriminan los temerarios y mendaces socialistas
criollos de hoy. Los lotes distribuídos a conquistadores y
colonizadores, por peonías, caballerías, fanegadas y montones,
eran de muy moderada extensión. Quedó constituído
el tipo de mediana propiedad, que predominó en nuestra
campiña durante la Colonia y en los primeros decenios
de la República. En el valle de Lima, fuera de las haciendas
de Villa y San Juan hacia el Sur, y de Chuquitanta, Naranjal
y alguna otra por el lado Norte, no existían latifundios
en el siglo XVI y aún en parte del XVII. Si los primeros
pobladores o sus inmediatos herederos multiplicaron
luego el número de sus predios urbanos y posesiones rústicas
en los contornos, tal acumulación se debió, no ciertamente
a las reparticiones primitivas, sino a compras con
la renta de los tributos o con el producto de otras granjerías.